En México, millones de personas aún carecen de acceso al agua potable y saneamiento. Esto no solo es una realidad alarmante, sino un desafío que requiere soluciones inmediatas y estructurales. En este contexto, la creación de una Ley General de Aguas que garantice el derecho humano al agua emerge como un acto de justicia hidrisocial. Este esfuerzo debe equilibrar la realidad económica de un país en desarrollo, la sostenibilidad ambiental y la equidad en el acceso a este recurso vital.
El problema del agua en México tiene raíces complejas. Por un lado, la urbanización descontrolada ha incrementado la demanda de agua en ciudades. Por otro, los sectores agrícola e industrial, principales consumidores del recurso, enfrentan rezagos en los procesos de innovación de eficiencia y gestión. Pese a los avances tecnológicos en tratamiento y distribución, aún persisten pérdidas significativas, falta de medición adecuada y normas insuficientes para garantizar la seguridad hídrica.
La seguridad hídrica, definida como la capacidad de un país para garantizar agua limpia, accesible y suficiente para todos sus sectores, debe ser el eje rector de esta nueva ley. Esto implica no solo gestionar el agua desde un enfoque técnico, sino también integrar aspectos sociales, económicos y ambientales.
Gobernanza del agua: un compromiso colectivo
Para alcanzar este objetivo, es indispensable fortalecer la gobernanza del agua. Esto significa:
1. Transparencia y rendición de cuentas: Crear plataformas accesibles que permitan a la ciudadanía monitorear la gestión y distribución del agua en tiempo real.
2. Participación ciudadana: Involucrar a comunidades en la toma de decisiones sobre el manejo del agua.
3. Coherencia institucional: Alinear acciones entre los tres niveles de gobierno.
4. Intercambio de información: Promover la toma de decisiones basadas en datos confiables.
Estas acciones son fundamentales para que el agua deje de ser un recurso administrado de forma centralizada y ajena a las comunidades y pase a ser un bien gestionado de manera participativa y sostenible.
Uso eficiente y diversificación de fuentes
Otro pilar de esta ley debe ser el uso eficiente del agua. La adecuada medición de recursos, la sectorización de redes urbanas para reducir pérdidas y la promoción de tecnologías de ahorro son pasos clave. Asimismo, resulta urgente diversificar las fuentes de abastecimiento para reducir la dependencia de acuíferos y ríos, especialmente en regiones áridas como el norte del país.
Una solución es el impulso a la desalinización sostenible, que podría garantizar agua para ciudades costeras e industrias sin comprometer el medio ambiente. Además, fortalecer el tratamiento y reúso de aguas residuales permitiría aprovechar mejor este recurso, destinándolo tanto a actividades agrícolas como al consumo humano.
Regulación del crecimiento urbano e industrial
El crecimiento desordenado en ciudades e industrias debe ser regulado. Ningún proyecto inmobiliario o industrial debería ser autorizado sin garantizar previamente el abastecimiento de agua mediante inversiones en infraestructura. Esto incluye la construcción de plantas desalinizadoras, sistemas de reúso de agua tratada y redes hidráulicas eficientes.
Además, los desarrolladores deberían presentar estudios de impacto hídrico para demostrar la sostenibilidad de sus proyectos. Esta medida no sólo aseguraría el acceso al agua, sino que también fomentaría un desarrollo urbano responsable.
Una ley integral para enfrentar desafíos globales
México enfrenta retos únicos en el manejo del agua: desde el cambio climático hasta la sobreexplotación de acuíferos. La actual Ley de Aguas Nacionales, que regula el uso del recurso, carece de una perspectiva integral basada en derechos humanos y justicia social. Por ello, es fundamental que la nueva Ley General de Aguas:
1. Reconozca conceptos modernos como el "agua regenerada", que consiste en tratar aguas residuales bajo estándares estrictos para su reutilización en actividades como el consumo humano.
2. Incluya un capítulo sobre seguridad hídrica, con medidas claras para garantizar el suministro, controlar el consumo y proteger el medio ambiente.
3. Promueva el reúso obligatorio de aguas residuales en regiones con crisis hídrica.
Conclusión: una visión para el futuro
El agua no solo es un recurso natural, sino un derecho humano fundamental. Garantizar su acceso equitativo requiere una legislación robusta, que priorice la sostenibilidad y promueva una gestión integral. La propuesta de una Ley General de Aguas no es solo un cambio legislativo, sino una oportunidad para redefinir nuestra relación con este recurso y con nuestro entorno.
México debe liderar con el ejemplo, adoptando soluciones innovadoras y fortaleciendo la gobernanza del agua. Solo así será posible construir un futuro en el que el acceso al agua no sea un privilegio, sino una realidad para todos.
POR ARMANDO SAMANIEGO
DIPUTADO FEDERAL, SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
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