La reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha suscitado preocupaciones significativas entre diversos sectores de la sociedad. Aunque se presenta como una medida para mejorar la eficiencia y transparencia del Instituto, existen varios aspectos que ponen en riesgo el patrimonio y los derechos de los trabajadores. En los siguientes tres puntos, te destaco lo más nocivo de dicha iniciativa.
El primero, es la creación de una nueva filial responsable de la construcción de viviendas que operará bajo el derecho privado y no será considerada una entidad paraestatal. Aunque se argumenta que esto permitirá una mayor independencia administrativa y eficiencia, la falta de supervisión adecuada abre la puerta a actos de corrupción y mal manejo de los recursos. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales, y la independencia administrativa no debe ser una excusa para la falta de control.
En segundo término, la reducción de la Asamblea General de 45 a 35 integrantes es motivo de preocupación. La medida compromete la representación equilibrada de los sectores laboral, patronal y gubernamental, concentrando el poder de decisión en un grupo más reducido y potencialmente menos diverso. La diversidad de opiniones y la inclusión equitativa de todas las voces son fundamentales para tomar decisiones justas y democráticas que respondan a las necesidades de los trabajadores.
El tercer aspecto y más alarmante de todos, es la apertura para el uso exclusivo de las aportaciones de los trabajadores y empleadores para financiar proyectos de vivienda. Esta medida pone en riego total el patrimonio de los trabajadores y coloca al Infonvit en una clara ventaja para tomar los recursos privados y ahorros de los trabajadores para construir vivienda sin límites de riesgo.
Aquí cabe aclarar que en ninguna parte de la iniciativa del gobierno y en el dictamen se pone un límite al uso de los recursos de los trabajadores radicados en el Fondo de Vivienda; es decir, que el Gobierno a través del Infonavit y de la empresa filial privada que se pretende crear, podrían acceder libremente a la totalidad de los ahorros de los trabajadores, dicho sea de paso, este Fondo de Vivienda asciende a 2.4 billones de pesos.
Además, la iniciativa prevé el uso de las subcuentas de vivienda como garantía para esquemas de crédito y arrendamiento social, situación que sin duda podría comprometer y poner en riesgo el patrimonio de los trabajadores y sus ahorros de décadas radicados en las 77.6 millones de subcuentas de vivienda.
Los voceros del gobierno dirán que esta es una iniciativa bondadosa y moderna; sin embargo, la iniciativa y el último dictamen no proponen un mínimo de garantías y protección al ahorro de los trabajadores, por el contrario, esta iniciativa carece totalmente de mecanismos para resarcir inconsistencias financieras, y en un escenario adverso, no se prevé cómo responder ante pérdidas económicas por decisiones negligentes o fraudulentas, como muchas que ha hecho este gobierno. Sin duda, quien pierde es el trabajador.
PAL