Un día después de la toma de posesión de Trump, Claudia Sheinbaum dijo que México no aceptaría la política de “quédate en México” de Estados Unidos. Días después empezaron las deportaciones. Ayer expulsaron a más de dos mil personas, y la mayoría no eran mexicanos. Obviamente una cosa es lo que se dice en las mañaneras, a tambor batiente de fervor patriótico, y otra, completamente diferente, es lo que se acuerda tras bambalinas entre los gobiernos.
¿En qué consiste esa política de Trump? En obligar a México a aceptar los deportados no- mexicanos en su territorio. México se preparaba, dijo la Presidenta en su mañanera, para recibir exclusivamente a los mexicanos indocumentados deportados del vecino país. La implicación de la política trumpista, obviamente, es obligar a México, queriéndolo o no, a ser un “tercer país seguro”
Hasta ese momento, no se había reportado contacto alguno entre funcionarios del gobierno mexicano con alguna contraparte estadounidense. Repentinamente se anunció, en la mañanera, un contacto, presumiblemente por teléfono, entre el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, con Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense.
Para que continúe la relación bilateral, tendrán que darse acuerdos y una serie de concesiones de las partes. El gobierno de Claudia Sheinbaum está sopesando el costo- beneficio de concesiones al gobierno de Estados Unidos.
Qué se dijo y qué se acordó en esa conversación no se sabe. Como siempre, sabremos cuando la parte estadounidense lo diga, emita una nota diplomática o cuando alguien escriba un libro de memorias, porque el gobierno mexicano nunca informa a su pueblo honestamente sobre el contenido de sus contactos y acuerdos con el gobierno de Estados Unidos. Llevamos años recibiendo información distorsionada o francamente falsa sobre los acuerdos intergubernamentales.
Ejemplo de ello es el caso de Marcelo Ebrard quien, siendo el canciller durante el gobierno de López Obrador, tuvo la audacia de decir que no había acuerdo con Estados Unidos sobre el programa “quédate en México”, cuando de hecho lo había aceptado y acordado con Pompeo, el secretario de Estado de Trump. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pompeo lo escribió en su libro de memorias, burlándose de Ebrard. Posteriormente, Trump mismo se burló del “débil” de Ebrard.
Cosa de ver que Ebrard actuó de común acuerdo con López Obrador y en contra de la opinión de la embajadora de México en Washington, Martha Bárcena, quien aconsejó al Presidente no aceptar la política de “quédate en México” como tercer país seguro. Pero lo aceptó para llegar a un acuerdo de fondo con Trump, totalmente transaccional. México detendría la migración en su territorio a cambio de que Estados Unidos no interferiría en la política de seguridad mexicana, junto con la firma del T-MEC. Así de rudimentario y relevante el acuerdo.
Pero eso fue entonces. Ahora las cosas con Trump 2.0 son muy diferentes. Viene con un proyecto de gobierno muy elaborado y transformador. A diferencia de su primer gobierno, ahora viene con los mismos prejuicios racistas y misóginos, pero recargados sobre una plataforma político-ideológica mucho más elaborada.
Cualquier propuesta transaccional tipo López Obrador hacia Trump está condenada al fracaso. El trumpismo político hoy ve los resultados de la gestión de 6 años de la 4T y no le gusta lo que ocurre en su frontera sur. Sucintamente dicho, ve en México a un gobierno y su partido aliado, objetivamente, al crimen organizado y simpatizando con los diversos regímenes autoritarios alrededor del globo: China, Rusia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, todos ellos enemigos declarados de Estados Unidos.
También aprecian que la economía mexicana está íntimamente ligada a la estadounidense y que se requieren mutuamente. El intercambio económico anual supera los 700 mil millones de dólares. Esta situación plantea un problema estratégico. Para que continúe el T-MEC, todas las partes deberán respetar al pie de la letra del acuerdo. Hay dudas sobre el cumplimiento mexicano, desde Washington y Ottawa.
El ámbito de discusión dentro del gobierno mexicano es en torno a lo que el gobierno de México aceptó hacer para aplacar a Trump, y qué faltará hacer para estabilizar la relación. Sin decir que son concesiones, y mucho menos intentos por aplacar al gobierno vecino, México ha tomado acciones en esa dirección.
Desde hace semanas, comenzó a encarecerse y complicarse la presencia comercial china en México. Medidas arancelarias buscan replicar los actos y dichos del nuevo gobierno estadounidense. El cierre de establecimientos de venta al mayoreo y menudeo de productos chinos ya está ocurriendo a nivel nacional. Las aduanas empiezan a frenar el ingreso de productos chinos.
Y, por supuesto, la práctica de vender acero y aluminio chino a Estados Unidos a través del T-MEC como si fueran productos mexicanos, ya se frenó. Esa práctica comercial ilegal ocurrió con el aval de López Obrador. México le ofrece a Trump la cabeza de productos chinos como ofrenda sacrificial a título de muestra de la buena amistad bilateral.
Por otro lado, a pesar de haberlo rechazado públicamente, también como lo hizo López Obrador, el gobierno mexicano aceptó silenciosamente el programa “quédate en México”, también como lo hizo López Obrador. No reconoce públicamente lo que hace el gobierno para mantener la ficción de soberanía nacional, cuando saben que es teatro.
¿Será suficiente aplicar nuevos y duros aranceles a productos chinos y aceptar el programa “quédate en México” para aplacar a Trump? La respuesta rápida es: no. Trump trae una agenda recargada de planteamientos ideológicos y políticos que no tuvo en su primer gobierno. Productos chinos y “quédate en México” no serán suficientes para su nuevo apetito.
Hoy exige concesiones políticas que son contrarias a las tesis programáticas de la 4T.
1. Exige un rompimiento categórico con el narcotráfico y su combate a fondo.
2. También exige respetar en todo lo que significa el T-MEC: el derecho para las empresas de su país a invertir sin limitaciones en todos los sectores de la economía mexicana, puesto que las empresas mexicanas gozan de ese derecho en su país.
3. Y exige que México enfrente los regímenes autoritarios que son enemigos declarados de Estados Unidos: China, Rusia, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia. En su ya famoso documento entregado a Morena en el Senado, AMLO advirtió: enfrentar al narcotráfico provocará una “ruptura de la alianza entre gobierno y pueblo”.
Esa ruptura incitará una insurrección ciudadana que él mismo podría encabezar. Aparentemente defiende al narcotráfico como una “soberana industria nacional”.
Aceptar la inversión extranjera sin restricciones en el sector energético y en otros sectores, como el litio, irá en contra de los preceptos de “soberanía nacional” que AMLO ha establecido para el gobierno de la 4 Transformación. Romper con los aliados ideológicos como Cuba, Nicaragua y Venezuela resulta contrario a principios declarados de la 4T. AMLO ve en China la potencia mundial ascendente y a Estados Unidos como la potencia declinante. Para él la asociación con China es aliarse con el nuevo líder mundial. Y su adoración por Cuba, aún en su estado comatoso, pareciera ser una barrera infranqueable.
El gobierno de Sheinbaum enfrenta la encrucijada: seguir los preceptos de AMLO y enfrentar a Estados Unidos o transitar a nuevos acuerdos con el socio económico esencial de México. ¿Qué elementos de cada uno de estos tres nudos gordianos estará dispuesto a conceder, con tal de mantener una relación estable con Estados Unidos?
POR RICARDO PASCOE
COLABORADOR
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MAAZ