Las redadas ya están sucediendo en escuelas, hospitales e iglesias, sitios tradicionales de refugio para los migrantes en Estados Unidos. Pánico generalizado. Los domicilios y teléfonos móviles de quienes fueron puestos como referencia por parte de familiares que usaron la ya deshabilitada aplicación CBP One para conseguir una cita en busca de asilo, ahora están en la mira de las autoridades migratorias.
Donald Trump está cumpliendo sus advertencias. Declaró a la frontera con México como zona de emergencia nacional, lo que significa que ahora es un espacio de interés militar que ve a quienes intenten cruzarla como invasores que pueden ser repelidos sin miramiento alguno.
Restableció su programa “Quédate en México” que implica expulsar hacia nuestro país a migrantes de cualquier nacionalidad, particularmente de países que no acepten las repatriaciones, como Venezuela.
El objetivo público de Trump es deportar inicialmente a un millón de indocumentados, sí, la mayoría mexicanos, lo que implica recibir muchas menos remesas y el reto de integrarlos a nuestra economía. ¿Es suficiente el programa “México te abraza” con tarjetas de apoyo de 2 mil pesos, incorporación al IMSS Bienestar y ayuda de transporte a sus lugares de origen? ¿Qué incentivos tendrán las empresas mexicanas para crear más empleos?
Sacar a los 12 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos es irreal hasta para su propia economía, pero las deportaciones masivas significan crisis severas para nuestro lado de la frontera.
Y esa no es toda la tormenta: 18 estados gobernados por demócratas ya están impugnando la orden ejecutiva que busca no dar la ciudadanía a hijos de migrantes indocumentados que nazcan en territorio estadounidense, lo que viola la décimo cuarta enmienda de su propia Constitución.
Otras batallas legales tendrían que ver con la imposición de aranceles a las importaciones mexicanas y la declaración de los cárteles mexicanos como grupos terroristas, sobre todo por las fuertes implicaciones económicas, políticas e incluso militares que conllevan.
¿Qué parte de todas las advertencias no dimensionó el gobierno mexicano? ¿Hay una estrategia integral más allá del recién anunciado Plan México? La incertidumbre no se responde con incertidumbre.
TERNIUM Y SU IMPUNIDAD
En este espacio he puesto El Dedo en la Llaga del grave daño ambiental que ocasiona la siderúrgica Ternium en su planta de Xoxtla, Puebla. Sus descargas de aguas residuales al río Atoyac fueron clausuradas totalmente, aunque de forma temporal, por la Profepa que dirige Mariana Boy. Una señal muy positiva de no tolerancia a la impunidad y de no dejarse amedrentar.
El historial de Ternium en México incluye diversos episodios negros como la desaparición de los activistas comunitarios de Aquila, Michoacán, Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, hace dos años, luego de que fueron amenazados públicamente en una asamblea por ejecutivos de la empresa ítalo-argentina en esa localidad.
En la planta de Monterrey, Ternium, dirigida por Máximo Vedoya, y Siemens, de Alejandro Preinfalk, llevan siete años y medio en complicidad con el juez Éric Alejandro Arenas Guzmán, demorando la justicia para Karla Castro, ingeniera que sufrió un grave accidente debido a la ausencia de las más mínimas medidas de seguridad industrial, a quien además dejaron a su suerte en un mar de omisiones, irregularidades y maniobras legaloides. ¿Terminará también toda esa impunidad?
POR ADRIANA DELGADO RUIZ
COLABORADORA
@AdriDelgadoRuiz
MAAZ