Donald Trump será hoy el presidente número 47 de Estados Unidos. La relación entre ambos países ha sido históricamente de diálogo y colaboración. Ante los discursos de los últimos días nos queda claro que la crisis migratoria seguirá y se agudizará. Será fundamental que se conozca la información que se genere de las reuniones que sostengan nuestras autoridades con sus homólogos de EUA.
El periodo que atravesamos revela la necesidad de políticas migratorias transnacionales fundamentadas en los derechos humanos, cuestión urgente para la región desde hace al menos dos décadas. Para este objetivo es vital el derecho de acceso a la información.
Así lo hemos comprobado en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). El tema es de máximo interés por naturaleza; tan solo en la Ponencia que coordino hemos insistido en abrir información para impulsar la máxima publicidad en cuestiones migratorias, entendiendo la vulnerabilidad de quienes migran.
Por ejemplo, en el año 2021, en el contexto de la pandemia por coronavirus, instruimos al Instituto Nacional de Migración (INM) a entregar información estadística sobre personas repatriadas o expulsadas por Estados Unidos bajo el llamado Título 42. En 2023, también pedimos a esta institución que informara sobre gastos de las estaciones migratorias; e instruimos a que la Guardia Nacional informará sobre deportaciones. Como lo mencioné en aquellos momentos, no se trata de datos sino de nombres y apellidos que tienen derecho a una vida digna y estable.
El Instituto Nacional de Migración (y otras instituciones) tendrán un papel fundamental para que el tema migratorio encuentre soluciones que respeten en todo momento la integridad y garantía de las personas. Por ello, cuando se dé el relevo oficial de su titular, debe contemplar la transparencia total y una comunicación clara con la sociedad en la toma de decisiones. Hace falta el ajuste y la sensibilidad pues el INM ha sido uno de los sujetos obligados que más niega información, y el asunto es de utilidad social.
A pesar de los cambios institucionales que estamos por vivir en México, los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales no desaparecen, está en la Constitución (artículos 6º y 16º); es obligación de las autoridades garantizarlos.
El fenómeno migratorio debe ser una ocupación más que una preocupación y exigir rendición de cuentas a las autoridades. Juntos, sociedad y gobierno, podemos mejorar las políticas públicas en materia migratoria para ofrecer mejores condiciones y respetar los derechos humanos.
La migración implica un serio reto para la gobernabilidad democrática y la seguridad, por lo que debe entenderse como una asignatura estratégica en el desarrollo del país y como un elemento a considerar para sentar las bases de un país justo en el que la aspiración democrática y el bienestar tengan oportunidad.
POR JULIETA DEL RÍO
COMISIONADA DEL INAI
@JULIETDELRIO
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