México ha sido un país que luchó durante muchos años por lograr ser una nación cuyo sistema político se basara en la democracia, es decir, en establecer un orden social con certeza jurídica, equitativo e igualitario, garantizando los derechos humanos en concordancia con los distintos tratados internacionales que ha firmado a lo largo de su historia; en la conformación de instituciones del estado que velaran por la población, organismos autónomos que han conducido de manera imparcial principios democráticos como la transparencia y la rendición de cuentas, la organización y desarrollo de elecciones y ejercicios de participación ciudadana, la resolución de controversias cuyas sentencias podemos decir que se han basado en fortalecer un Estado de Derecho, entre muchos aspectos más.
Nuestro sistema político permitió conformar entonces, un Estado basado en la división de poderes, en la soberanía como principio de la unión de estados con la Federación, con un sistema político basado en un sistema mayoritario y un sistema de representación proporcional en el que fueron incluidas minorías que incorporaban a diversos sectores importantes de la población.
Debo reconocer que gran parte de estos y otros logros se deben, en gran medida a los impulsos de la otrora llamada izquierda mexicana y que hoy dejó de existir, así como a los partidos políticos de oposición, como Acción Nacional que impulsaron e insistieron ante un sistema democrático.
Hoy, luego de más de 30 años de vivir en democracia el retroceso y la destrucción de nuestro sistema político es evidente.
De entrada, la violencia y el crimen organizado han desestabilizado al país, día a día las noticias refieren de las terribles situaciones que afectan a lo más valioso que tenemos como sociedad: la población, las familias y su patrimonio.
De acuerdo con el índice global de crimen organizado que evalúa este terrible fenómeno en 194 países, México encabeza la lista como el país con mayor presencia de mercados criminales, en actividades que registran economías ilícitas, tráfico y trata de personas, fraude financiero, venta de drogas, comercio de piratería y cobro de piso.
La desigualdad social y económica es patente provocando diversos fenómenos como la desconfianza del propio sistema democrático. De acuerdo con el Informe sobre el Desarrollo Humano de la ONU (2020), la desigualdad económica, por ejemplo, se traduce en la falta de acceso a oportunidades de la ciudadanía para su crecimiento.
La polarización política se ha incrustado como un fenómeno que, desde el arribo de López Obrador a la presidencia de la República en 2018, ha generado que México este dividido cuando la esencia del Poder Ejecutivo de acuerdo con nuestra Constitución es velar por la unión de todas y todos los mexicanos.
De acuerdo con un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE, 2020), la polarización puede conducir a la fragmentación social, tal y como México se encuentra hoy.
La destrucción de instituciones ha sido una política del actual gobierno, en donde la seguridad pública ha quedado en manos del ejército, haciendo caso omiso de las recomendaciones que diversas instancias internacionales advierten sobre los riesgos que esto implica, la desaparición de instituciones democráticas en donde, por ejemplo, la transparencia quedará en manos del propio gobierno.
La erosión de nuestra democracia resulta evidente con las presiones del árbitro electoral, con la cooptación de diversos organismos jurisdiccionales y con una reforma judicial que tiende al fracaso y la destrucción de una carrera judicial que lo consolidó. El mayor perjudicado será la propia ciudadanía.
Falta ver los alcances de múltiples reformas anunciadas, como la electoral en la que seguramente instituciones como el INE resultarán severamente dañadas y con ello, el riesgo de no contar con un voto auténtico, secreto y libre.
Sin embargo, desde la oposición seguiremos luchando para abatir este camino al que nos lleva la presente administración federal con el apoyo de su partido hegemónico Morena y sus aliados.
Por ello, resultará imprescindible fortalecer el Estado de Derecho, garantizar la independencia del poder judicial, fomentar la participación de la ciudadanía en los auténticos ejercicios democráticos, entre otros aspectos que de manera abierta y transparente daremos a conocer en nuestra lucha permanente por recobrar los derechos de la ciudadanía y nuestra democracia.
Por: Susana Zatarain Garcia
@SusanaZatarain
Senadora de la República por el PAN
EEZ