El comienzo de un nuevo año es siempre un ejercicio de reflexión, una oportunidad para evaluar el pasado y plantear nuevas metas. Este proceso de introspección nos lleva a cuestionar los conceptos que nos guían, los cuales evolucionan con nosotros y se adaptan a nuestras circunstancias. Más que un simple cambio de calendario, iniciar un nuevo ciclo es un acto de optimismo, una promesa de que podemos construir algo mejor.
Esta misma sensación de renovación se extiende a la esfera pública. Al igual que un año nuevo, el inicio de un gobierno representa una oportunidad para corregir errores, redefinir prioridades y comprometerse con el bienestar social. En nuestro país, Claudia Sheinbaum inicia sus primeros 100 días al frente de la presidencia con un amplio respaldo popular y la fuerza de una agenda política que ha generado grandes expectativas. Sin embargo, también enfrenta desafíos históricos, entre ellos la implementación de la reforma judicial y el combate a la impunidad, temas que sin duda marcarán el rumbo de su administración.
En este contexto, con la reciente publicación de la reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, el tema ha polarizado a las instituciones y la sociedad. Aunque concebida como un mecanismo para enfrentar delitos graves, la prisión preventiva oficiosa ha mostrado ser una solución problemática: miles de personas permanecen privadas de la libertad sin sentencia, en muchos casos por años, vulnerando su derecho a la presunción de inocencia.
Defender esta medida como política pública es, en esencia, aceptar la ineficiencia del Estado para investigar y sancionar delitos de manera efectiva. Más que resolver los problemas de inseguridad, enquista un modelo de justicia punitiva que prioriza el encarcelamiento inmediato sobre el debido proceso. Esto, en esencia, perpetua la desigualdad al impactar de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población.
El gobierno de la presidenta Sheinbaum tiene la oportunidad de hacer un cambio significativo en este ámbito. Es urgente abandonar la dependencia de la prisión preventiva oficiosa como herramienta principal y avanzar a un sistema que garantice procesos justos, al tiempo que atienda las causas estructurales de la delincuencia, como la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, lo que fue el estandarte del discurso oficial en el sexenio pasado.
El cambio real no se logra con discursos que perpetúan prácticas cuestionables, sino con acciones concretas que fortalezcan el estado de derecho y el bienestar colectivo. Al inicio de este nuevo año y de este gobierno, México tiene ante sí la posibilidad de avanzar hacia un modelo de justicia más equitativo, humano y eficaz. Porque la esperanza de un nuevo ciclo no se trata solo de mirar hacia adelante, sino de construir, con esfuerzo y decisión, el futuro que deseamos. Así lo pienso ¿Y tú?
POR JUAN LUIS MONTERO GARCÍA
ABOGADO PENALISTA
@JUANLUISMONTERO
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