En octubre de 2024 se dio a conocer ante los medios la nueva estrategia nacional en el combate a la corrupción que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum empezaría a llevar a cabo, no solamente al interior de la sociedad mexicana, sino en el núcleo de las dependencias que es en donde, por desgracia, muchas son las acciones que no han logrado concretarse en favor de tener un mejor servicio público.
En este sentido, de acuerdo con los dichos de la nueva titular (Raquel Buenrostro) de la recién formada Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, esta dependencia buscará tener un enfoque más preventivo que correctivo: “Queremos evitar que se cometan los actos de corrupción, porque esto también nos va a liberar muchos recursos, no solo sancionar, sino evitar que se realicen”.
Por lo tanto, el nuevo modelo de prevención y combate a la corrupción de los funcionarios públicos buscará “blindar los programas prioritarios desde el inicio”, como las obras públicas, enseñar de ética e integridad a los servidores públicos y modernizar la administración pública para inhibir los actos que fomenten la cultura de la ilegalidad.
Es en este punto (el del planteamiento del problema), que se puede apreciar una sugerencia innovadora respecto al adecuado tratamiento del problema que por generaciones se ha enquistado en el aparato burocrático nacional y que, a pesar de numerosos esfuerzos, no ha conseguido transformar profundamente estas malas prácticas. Solo por esa breve resignificación, este esfuerzo, vale la pena ser escuchado y estudiado, pues propone y no señaliza al pasado buscando justificar o redimir lo que podría salir bien o mal, con esta nueva estrategia.
La idea central es que este nuevo ente sea transversal a toda la administración pública en todos los órdenes de gobierno. Así mismo, la nueva titular informó que no solo trabajarán con la sociedad, a la cual alentarán a denunciar con más confianza, sino con los servidores públicos y el sector privado para tratar de amalgamar lo que tiene que ser más que una estrategia, sino más bien, una nueva cultura del monitoreo y la vigilancia del cumplimiento irrestricto de la adecuada actuación de los servidores públicos en este país.
De acuerdo con su percepción, la ventaja ahora será que la secretaría “tiene un alcance normativo y de supervisión amplio y que puede participar en todas las otras secretarías”; dicho de otra manera, podrá interceder en todas las funciones internas de cualquier ente de la Administración Pública, por lo que sus funciones, además de estar respaldas por la ley, también tienen un sustento jurídico y procedimental, lo que judicializa cualquier acción que puedan llevar a cabo en lo sucesivo y no solamente limitarlo ante lo administrativo.
Otro aspecto clave para fortalecer la cultura de la denuncia y la observancia permanente en la actuación de los funcionarios públicos en este país, se dará a partir de la formación permanente y constante de la ética y los valores formativos que cualquier miembro del sector público debe tener en México con el propósito de implementarlos en su quehacer diario en favor de la ciudadanía.
Todo ello no podría entenderse en la época actual, si no se traduce en hechos cuantificables y perfectamente medibles y es, en ese paso en específico, en donde se debe entender que la digitalización de los procesos cotidianos que llevan a cabo los servidores públicos, no solamente enfocados a la atención ciudadana, sino en áreas sensibles como la de administración y finanzas, podrían efectuarse de manera más rápida y eficaz (si se disminuyen significativamente) mecanismos internos de cualquier dependencia que tengan que ver con la intervención humana. De esta manera, aunque pudiera parecer una exageración se alcanzarían resultados sustanciales y profundamente eficientes que ayudarían a resignificar y construir un nuevo mapa de procesos internos al interior de todas las dependencias que conforman el tinglado del aparato público en México. Este será el enorme reto que tendrá por delante la recién conformada Agencia Digital.
Con el incremento de los procesos virtuales en las compras masivas o la adquisición de bienes y servicios que requiera el gobierno se puede obtener una mejor trazabilidad, inclusive en tiempo real, de cuáles y cuántos fueron los agentes que intervinieron en el proceso, analizado y acortando los tiempos para que la autoridad, o en su caso los órganos de control interno, disparen inmediatamente alertas de seguridad en contra de los infractores y se hagan las diligencias correspondientes, según fuera el caso.
El trabajo de la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno debe convertirse en un componente indispensable de consulta, edición y por supuesto, investigación y sanción de las malas prácticas de los servidores públicos, pero, sobre todo, en un ente que logre prevenir y transformar de manera sustancial la cultura administrativa de este país.
Luis Miguel Martínez Anzures
Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública
MAAZ