Las actuales condiciones del funcionamiento judicial hacen urgente y necesario entablar una escucha activa entre quienes están en favor y quienes están en contra de la Reforma Judicial; escuchar para comprender.
La gran mayoría de los legisladores que integran la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de la Unión son políticos muy experimentados en todas sus bancadas.
Es oportuno que con alcance de miras se comprometan a procurar y generar los espacios de entendimiento que se requieren para encontrar un avenimiento en este tema de la reforma al Poder Judicial.
La patria demanda hoy un Estado fuerte en sus tres Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), la confrontación entre ellos es estéril, los enemigos de México están en otros lados, no en nuestros legisladores, en los jueces, en los magistrados, en los ministros y en la clase trabajadora judicial.
Por encima de cualquier interés individual o de grupo están los intereses de todo el pueblo de México.
Hagamos un nacionalismo judicial donde se preserven los valores fundamentales de nuestra cultura jurídica que nos unen como una nación con justicia social, y cambiemos a aquello que puede darnos la oportunidad de mejorar y también de evolucionar.
No son necesarias las demostraciones de fuerza de nadie, cuando lo que se requiere son incuestionables muestras de talento, inteligencia, capacidad de construir y dialogar, lo que se demanda en forma categórica son avances.
La necesidad de una Reforma Judicial es incuestionable; sin embargo, también se ha visto que debe ser integral en todos los ámbitos de la justicia; los poderes judiciales locales han quedado al margen, las fiscalías sin ser materia de diálogo, la justicia administrativa, burocrática, militar y de paz en el completo olvido.
Existen razones de sobra importantes esbozadas por las partes para ser analizadas.
El problemario técnico jurídico no es sencillo, pero tampoco inalcanzable.
También deben considerarse aspectos materiales importantes para toda la clase trabajadora judicial y de los titulares.
Atrás hay familias que viven y dependen de esos ingresos, más de 55 mil familias.
Ahí existen contraídos créditos hipotecarios que dan techo, personales que dan educación, vestido y alimentación, prestaciones que otorgan salud en tratamientos médicos en curso; en suma, están también en juego expectativas de vida que hoy no se consideran en ningún artículo transitorio de la reforma al PJ.
No hay que malgastar esta oportunidad histórica de una reforma a la justicia mexicana, menos que sea motivo de una confrontación entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, es decir los tres Poderes de la Unión.
Aún no se aprueba en definitiva nada.
Vuelvo a insistir, en aras de un nacionalismo judicial, que se instale y formalice una mesa técnica resolutiva de discusión de la Reforma Judicial, con representantes con verdadero poder de decisión de las partes para lograr una reforma con resultados positivos para México.
POR ENRIQUE SUMUANO CANCINO
CONTRALOR INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
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