El sistema procesal penal en México se encuentra en un estado crítico, con una ineficacia que lo posiciona como uno de los peores del mundo. Las cifras son desalentadoras y revelan la magnitud del problema: menos del 0.5% de los delitos denunciados ante las fiscalías culminan en una sentencia condenatoria. Esta estadística pone en evidencia no solo la falta de justicia, sino también la grave incompetencia que impera en el sistema.
El pasado jueves, durante una audiencia intermedia en la que estuve presente, se vivió una escena que ilustra la situación. La juez, visiblemente frustrada, tuvo que remover al fiscal acusador por notoria incompetencia. Este hecho aislado es solo un reflejo de una realidad más amplia: un sistema en el que la incompetencia no es la excepción, sino la norma.
He atendido y participado en decenas de audiencias, y puedo concluir con profunda tristeza, que los y las fiscales, quienes representan a las víctimas, cada vez son menos, más ignorantes, menos profesionales, y en su mayoría ni siquiera leen los expedientes sobre los cuales van a argumentar.
Ahora regresemos a los datos duros, el 95% de los casos denunciados terminan en la impunidad. Dicho de otro modo, en casi el 100% de los casos no se cumplen los principios del derecho procesal penal instaurado en 2008 y puesto en marcha de manera obligatoria en 2016. Sin embargo, estos números, ya de por sí alarmantes, solo representan los delitos denunciados.
El resto, la vasta mayoría, quedan en el olvido. De acuerdo con estadísticas, solo el 10% de los delitos cometidos en México se denuncian, lo que nos lleva a una conclusión aún más desoladora: la impunidad en México es prácticamente total.
La justicia en México es un concepto hueco, una promesa incumplida por un Estado que ha fallado en su deber fundamental: proteger a sus ciudadanos. El modelo penal, desde su concepción, ha estado plagado de fallas estructurales que lo hacen ineficaz e injusto. La implementación del sistema penal acusatorio es un fracaso absoluto debido a su mala ejecución. La corrupción y la ignorancia es tan profunda que la idea de justicia ni siquiera se asoma.
La impunidad es la norma en México, y las víctimas de crímenes violentos, desapariciones, violaciones, secuestros y ataques a su patrimonio quedan desamparadas. La falta de capacitación mínima es brutalmente evidente, y el sistema se mantiene a flote gracias a unos pocos jueces valientes que arriesgan sus vidas en un entorno hostil, donde la ley es aplicada de manera caprichosa, contradictoria, alineada con intereses ajenos e ignorante de las verdaderas necesidades de justicia.
El Poder Judicial, tanto a nivel federal como local, es cómplice de mantener al país en un estado de barbarie. La ineficacia del sistema no solo es producto de errores individuales, sino de una estructura corrupta y disfuncional que perpetúa la injusticia. Mientras tanto, el gobierno de López Obrador, en lugar de atacar los problemas de fondo, se ha enfocado en militarizar la seguridad pública y expandir la prisión preventiva oficiosa. Estas medidas no sólo no han solucionado nada, sino que han empeorado la situación de los derechos humanos en el país.
La reforma propuesta por el presidente para la elección de jueces a través del voto popular no resolverá la problemática actual. De hecho, ni siquiera tiene como objetivo hacerlo. En un país con casi un 100% de impunidad, resulta absurdo pensar que esta medida solucionará la crisis de justicia.
La ciudadanía, en su mayoría, desconoce la diferencia entre jueces y fiscales, quienes, aunque ambos pertenecen al Estado, cumplen roles muy distintos. La escena vivida el jueves pasado, en la que un fiscal acusador no fue capaz de representar adecuadamente a la víctima, es una clara muestra de la incompetencia que reina en el sistema.
Esta reforma será la estocada final para un sistema de justicia ya herido de muerte. México ha transitado de un sistema penal casi totalmente impune a uno nuevo que, en la práctica, sigue siendo prácticamente impune. Basta con ser asesor jurídico y representar a la víctima de un delito de cualquier índole para enfrentar, de primera mano, la incompetencia, la indolencia, la ignorancia y, desde luego, la corrupción.
México se encuentra atrapado en un péndulo que oscila entre la ausencia del Estado de derecho y la más grotesca impunidad. Este sexenio se ha distinguido como el más corrupto, el más ignorante y el más cobarde de la historia reciente del país. Sin embargo, 36 millones de mexicanos decidieron que debía continuar. La historia juzgará con dureza este periodo, y mientras tanto, la justicia en México sigue siendo un sueño distante para la mayoría.
POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI
ABOGADO
@JOSE_LAFONTAINE
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