“Yo encabezo un gobierno civilista, no es una dictadura militar o un gobierno civil con afanes autoritarios” López Obrador
Este es el último viernes del sexenio de López Obrador, él se irá dejando al país dividido, con grandes problemas de inseguridad, una probable crisis económica, deshecho el marco institucional, con los sistemas de salud y de educación completamente empobrecidos en su objetivo, sin resolver lo que tanto dijo en su(s) campaña(s) resolver la corrupción ni tampoco esclarecer lo sucedido hace diez años en Ayotzinapa. Llegamos al último viernes de un sexenio lleno de frases y mentiras, de persecuciones a quienes piensan distinto, de rifas de aviones, de aeropuertos sin vuelos y refinerías sin petróleo. El último viernes de un sexenio verde olivo.
En este sentido y si por algo se recordará la administración de López Obrador será por la militarización exacerbada del país. Otra promesa de campaña que no cumplió. Es que no solo es que el Ejército y la Marina “volvieran a sus cuarteles”, como lo repitió constantemente durante años, o que la Guardia Nacional no tenga mando civil -ahora ya de manera constitucional y no sólo de facto como funcionó todo el sexenio-, sino que las fuerzas armadas, ahora llamadas “pueblo uniformado”, tuvieron que obedecer las instrucciones más inimaginables en todos los ámbitos (civiles, claro) y a lo largo y ancho del territorio nacional.
Siempre con la perorata (porque en eso se convirtió) del combate a la corrupción, López Obrador fue distorsionando su visión de la policía civil federal e instauró la Guardia Nacional en 2019 adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero más del 80 por ciento de sus miembros son militares y, lo más importante, tampoco hizo caso a la experiencia de sus antecesores que tanto desdén les tiene: la militarización de la policía federal no ha reducido la violencia criminal en 20 años de soldados en las calles. Esto dicho por Human Rights Watch, por Amnistía Internacional o por la ONU.
Además de lo inherente a la seguridad pública y nacional (que este tendría que ser su único objetivo), en este sexenio se amplió la presencia de militares en todos los sectores de la administración pública federal, según el “Inventario de lo Militarizado” un 83 % de los convenios entre las fuerzas armadas con las distintas dependencias de gobierno federal son para realizar tareas distintas a cuestiones de seguridad, tales como los trabajos realizados en materia de salud, educación, obra pública, política social, medio ambiente, en suma, más de 80 actividades lejos de su ámbito de competencia. Esto, claro, acompañado del mayor incremento de presupuesto antes visto para las instituciones castrenses.
Así, le damos vuelta la página al gobierno de López Obrador, sin embargo no al México color verde olivo que hereda a Claudia Sheinbaum y a todas y todos los mexicanos. Como ciudadanía no debemos acostumbrarnos a seguir viendo militares y vehículos blindados en las calles, o peor aún, entregando libros, construyendo aeropuertos y refinerías, “bacheando” carreteras, cuidando vacunas, sembrando árboles o demás actividades que debería realizar un funcionario civil, capacitado y técnicamente dotado para hacerlo. La presidenta deberá reducir estas inverosímiles tareas para que puedan dedicarse a la seguridad nacional.
POR ADRIANA SARUR
COLABORADORA
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