Al observar el documental sobre los 43 de Ayotzinapa: Un Crimen de Estado (HBO), un documental que sigue todas las claves del caso de desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, México, no pude dejar de sentipensar, al escuchar sus testimonios y ver sus rostros, en el viacrucis y en el dolor inmenso de las víctimas, la frustración, cargada de desesperación, debido a la dilución que está presentando el caso, por su alta politización y laberintos propios de la justicia mexicana, a pesar de las justificaciones de los involucrados.
En este contexto, el Congreso de los Estados Unidos emitió una Ley intitulada Torture Victim Protection Act (“Ley de Protección de Víctimas de Tortura”) (TVPA) a efecto de dar cumplimiento con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y otros acuerdos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos mediante el establecimiento de una acción civil para el resarcimiento de daños y perjuicios de una persona que cometa torturas o ejecuciones extrajudiciales.
Ahora bien, si uno le pide a la Inteligencia Artificial (Chat GPT 4o) que redacte un reporte periodístico sobre los hechos de Ayotzinapa y su articulación con el TVPA (donde por cierto los fácticos cuadran contra los presentados en el documental), se desprende lo siguiente:
A 10 años de Ayotzinapa
Justicia pendiente para los estudiantes desaparecidos. La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecieron sin dejar rastro en la ciudad de Iguala. Lo que comenzó como una protesta pacífica por parte de los estudiantes en demanda de mejores condiciones educativas se transformó en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de México. Según múltiples investigaciones, los estudiantes habrían sido detenidos por la policía local y entregados a un grupo criminal.
Hoy, una década después, las familias de los desaparecidos, conocidas como "los padres de los 43", continúan en su inquebrantable búsqueda de justicia. Sin embargo, la verdad sigue incompleta y difícil de alcanzar. A pesar de las investigaciones oficiales, la presión internacional y la indignación pública, la pregunta persiste: ¿qué sucedió realmente con los estudiantes de Ayotzinapa?
La desaparición que conmocionó a México. Los estudiantes viajaban a Iguala para tomar autobuses, una práctica común entre los grupos estudiantiles rurales, con el fin de asistir a una manifestación en la Ciudad de México. Sin embargo, fueron interceptados por la policía local, que, según sobrevivientes y testigos, les dispararon y luego los detuvieron. Los estudiantes fueron supuestamente entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, bajo órdenes de autoridades locales. La investigación inicial del gobierno mexicano concluyó que los estudiantes fueron asesinados por el grupo criminal y sus cuerpos quemados en un basurero de Cocula.
Esta versión, conocida como la "verdad histórica," fue severamente cuestionada por expertos, familiares y organismos internacionales, quienes señalaron inconsistencias en las pruebas forenses y contradicciones en los testimonios.
Una década de impunidad y encubrimientos. En los diez años que han pasado desde la desaparición de los estudiantes, el caso ha estado plagado de acusaciones de corrupción, encubrimientos y obstrucción de la justicia. Varias investigaciones del gobierno mexicano han fallado en arrojar resultados concluyentes, lo que ha llevado a muchos a creer que las autoridades están deliberadamente ocultando la verdad.
En 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó un informe que desacreditaba la versión oficial, afirmando que no había pruebas científicas que respaldaran la teoría de que los cuerpos de los estudiantes fueron incinerados en el basurero. Además, el informe sugirió que las autoridades federales, incluyendo al ejército, monitoreaban a los estudiantes, pero no intervinieron para evitar su desaparición.
La lucha incansable de las familias. Para las familias de los desaparecidos, la última década ha sido una mezcla de dolor, frustración y determinación. Cada año, en el aniversario de la desaparición, marchan por las calles de la Ciudad de México, portando las fotos de sus hijos desaparecidos y exigiendo respuestas al gobierno. Su grito, “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!", se ha convertido en el lema de miles que luchan por los derechos humanos en todo el país.
A pesar de los cambios de gobierno y las promesas de justicia, las familias siguen esperando que el caso se resuelva completamente. Incluso bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien reabrió la investigación (Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso AYOTZINAPA) y realizó nuevos arrestos, la verdad sigue siendo difícil de alcanzar.
La Ley de Protección de Víctimas de Tortura (TVPA) y su papel en el caso Ayotzinapa. En este contexto, una posible vía para la justicia que han considerado algunos es la Ley de Protección de Víctimas de Tortura (TVPA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Esta ley permite que víctimas de tortura o ejecuciones extrajudiciales, o sus familiares, presenten demandas civiles en tribunales estadounidenses contra individuos responsables de tales crímenes, siempre que estos hayan actuado bajo la autoridad de un gobierno extranjero.
Relevancia para Ayotzinapa. Dado que en el caso Ayotzinapa se alega que las fuerzas policiales y posiblemente militares, actuando bajo la autoridad del Estado mexicano, estuvieron involucradas en tortura y desapariciones forzadas, la TVPA podría, en teoría, proporcionar una vía legal para que las familias demanden a los responsables en tribunales estadounidenses. Sin embargo, hay varios desafíos importantes: 1. Actores extranjeros: La TVPA se aplica exclusivamente a individuos que actúan bajo el color de la ley de un gobierno extranjero, lo que incluiría a las fuerzas policiales o militares mexicanas involucradas. Pero no se puede demandar a gobiernos o instituciones directamente, solo a individuos. 2. Agotamiento de recursos internos: La TVPA requiere que las víctimas o sus familiares hayan agotado todas las vías legales disponibles en el país donde ocurrió el crimen, en este caso México. Esto significa que deben demostrar que las autoridades mexicanas han sido incapaces de ofrecer justicia efectiva. Dado el prolongado historial de retrasos, corrupción y encubrimientos en este caso, las familias podrían argumentar que este requisito ha sido satisfecho. 3. Prescripción (Statute of Limitations): Un aspecto crucial de la TVPA es que establece un plazo de *10 años* para presentar una demanda desde la fecha en que ocurrieron los actos de tortura o asesinato extrajudicial. Esto significa que, en condiciones normales, el plazo para el caso Ayotzinapa se cerraría en *2024*, a diez años de los hechos. Sin embargo, la ley contempla *excepciones para extender este plazo*. La *prescripción puede suspenderse* ("tolling") si se dan circunstancias excepcionales, como: a) Impedimentos políticos o judiciales: Si los demandantes pueden probar que las autoridades locales obstaculizaron activamente las investigaciones o encubrieron los crímenes, el plazo de 10 años podría pausarse; b) Miedo a represalias: Si las familias o los sobrevivientes temían por su seguridad al presentar una demanda anteriormente, esto podría justificar la suspensión del plazo y, c) Investigaciones en curso: El hecho de que las investigaciones continúen en México y se hayan descubierto nuevas pruebas en los últimos años podría argumentarse como una razón para extender el periodo de prescripción.
En resumen, aunque la TVPA podría ser una herramienta valiosa para las familias de Ayotzinapa, hay importantes barreras legales y prácticas que superar. Si bien la prescripción de 10 años estaría cercana a vencerse en 2024 (de hecho, en esta misma semana, 26 de septiembre del 2024), la posibilidad de "suspensión" del plazo debido a las circunstancias extraordinarias del caso podría extender el tiempo para presentar una demanda.
La herida que no cicatriza. El caso Ayotzinapa se ha convertido en un símbolo de la crisis de derechos humanos en México. Con más de 110,000 desaparecidos en el país desde 2006, los 43 estudiantes de Ayotzinapa representan a miles de familias que también han sido víctimas de la impunidad y el olvido. A medida que se cumple el décimo aniversario de su desaparición, la exigencia de verdad y justicia sigue viva. Para los padres de los 43, el dolor no ha disminuido con el tiempo, y su lucha no ha cesado. Aunque el camino hacia la justicia extraterritorial, a través de mecanismos como la TVPA, es largo y complicado, su determinación sigue firme: encontrar la verdad, cueste lo que cueste.
Fuentes consultadas: 1. GIEI, "Informe Ayotzinapa," 2015. 2. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), "Informe sobre México," 2016. 3. Centro Prodh, "Ayotzinapa: El camino a la justicia," 2019. 4. Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), "Crisis de desapariciones en México," 2020. 5. Human Rights Watch (HRW), "Impunidad en México," 2021. 6. Torture Victim Protection Act (TVPA), análisis legal y aplicación en casos internacionales, 1991. 7. El País, "A 10 años de Ayotzinapa: la lucha sigue," septiembre 2024. (Fin del reporte de Inteligencia Artificial).
Más en relación con la TVPA se aprecia en un reciente caso donde un tribunal estadounidense puso de relieve la «relación simbiótica» entre sectores clave del ejército colombiano financiado por Estados Unidos y las fuerzas narco paramilitares responsables de asesinatos masivos durante la presidencia de Uribe, en un caso presentado en virtud de la Ley de Protección de Víctimas de Tortura. Este es el mismo tipo de «simbiosis» que ha caracterizado la relación entre las autoridades mexicanas, los sectores narco paramilitares del país y las autoridades estadounidenses que participan en la guerra contra las drogas, ya que los crímenes contra los derechos humanos se han repetido de forma persistente desde 2007. Igualmente un jurado halló responsables al ex presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y al exministro de Defensa, José Carlos Sánchez Berzaín, en el marco de la Ley de Protección a las Víctimas de la Tortura (TVPA) en abril de 2018, después de un juicio de un mes que incluyó seis días de deliberaciones por parte del jurado. El juicio marcó la primera vez en la historia estadounidense que un exjefe de estado se tuvo que enfrentar a sus acusadores en un juicio de derechos humanos en Estados Unidos.
Finalmente, da mucha contextualización del caso Ayotzinapa, las 6 resoluciones del INAI a fin de que la sociedad vigile el actuar de autoridades e instituciones encargadas de investigar los hechos y exigir el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y la no repetición de violaciones graves a derechos humanos; ya sea en México, o extraterritorialmente.
POR DR. MIGUEL ÁNGEL MARMOLEJO CERVANTES
COLABORADOR
EEZ
