Hace un par de días, el ministro Alcántara, en referencia a la reforma al Poder Judicial Federal que se avecina, dijo: “Las personas juzgadoras electas por voto popular probablemente resuelvan de manera selectiva, privilegiando ideología sobre el hecho, privilegiando popularidad por sobre los argumentos…”. Esta reflexión más que invitarnos a especular sobre el futuro, nos convoca al presente, describiendo con nitidez al aparato judicial actual.
Es complicado sostener en los hechos que los jueces hoy no resuelvan de manera selectiva, sin privilegiar una(su) ideología o enalteciendo la(su) “popularidad” como brazo de una oposición sin rumbo, frente a la argumentación (que en variadas ocasiones no se dio, ya que fue más fácil desechar por las formas, evadiendo el fondo).
Las improcedentes suspensiones emitidas hace algunas horas por dos jueces federales en Chiapas y Morelos, violan no sólo la constitución, también la ley, y vulneran la vida parlamentaria de este país; actos que pintan de cuerpo entero a nuestra casta judicial, que aun en paro, hace fechorías.
En la lógica de este ministro, la “justicia democrática” no existe, la “justicia” solo puede ser justicia y cualquier cosa que la toque es una injerencia que anula su independencia; claro, sin advertir que ellos mismos no hacen uso del derecho como un instrumento puro y objetivo ético de justicia, sino de dominación.
En este país la estrecha interdependencia entre relaciones jurídicas y las económicas es evidente, por lo que la tarea interpretativa del derecho no ha sido objetiva, manipulando conceptos generales del sistema de normas para apuntalar intereses económicos privados. Si esto no fuese cierto, los niveles de desigualdad serían menores.
El principio general de la democracia es que los poderes emanan del pueblo, por ello tiene que llegar el momento en que el gobierno de los jueces debe ser inspirado y revisado por la voluntad popular. Si tuviéramos muchas ganas de votar y el ánimo dispuesto a informarnos, podríamos elegir a los impartidores de justicia por sufragio universal.
Lo mismo podríamos hacer con el fiscal general y los fiscales estatales. Si en verdad queremos tener una justicia democrática, es evidente que la transferencia de la capacidad de conformar al Poder Judicial Federal no puede quedar desvinculada del voto popular.
La democracia no nos garantiza el gobierno racional de los mejores, sino de quien elijamos, en consecuencia, no es razonable ni democrático que, si la mayoría ha decidido una configuración específica en el congreso, la discusión y aprobación parlamentaria no pueda desarrollarse a capricho de una minoría.
El sistema de impartición de justicia actual reivindica la máxima de San Mateo: “al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, se le quitará incluso lo poco que tiene” (Mateo, 13:12); si no me cree, pregúnteles a los millones de despojados y desposeídos de este país.
POR DIEGO LATORRE LÓPEZ
@DIEGOLGPN
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