El proceso electoral federal terminó con la asignación de curules de representación proporcional y la resolución de las respectivas impugnaciones. La nueva legislatura ya se instaló y comienza esta semana su periodo ordinario de sesiones, con una agenda clara que implica una reestructura de fondo al aparato estatal.
Hoy tenemos una Presidenta Electa que gobernará a partir del próximo mes con una mayoría en el Congreso y las gubernaturas que le permite llevar a cabo reformas constitucionales sin necesidad de consensarlas con la oposición. Vivimos momentos parteaguas en la historia del país.
El último presidente que gobernó con una mayoría similar fue Miguel de la Madrid, en la década de los 80. La larga hegemonía del PRI provocó abusos y atropellos que le llevaron a ir perdiendo espacios e, incluso, la presidencia de la República en el 2000. Ciertamente ello fue gracias a las batallas ganadas por la oposición, fruto de una lucha de muchos años en que impulsaron reformas que les fueron dando cabida y nos llevaron a tener elecciones auténticas.
Desafortunadamente los gobiernos divididos y la pluralidad están en peligro de extinción. El gobierno morenista encabezado por el actual presidente anunció desde un inicio sus planes y los está ejecutando con prisa. Es una fuerza política que no escucha ni discute.
Están impulsando reformas constitucionales que transformarán al Estado mexicano como lo conocemos, diseñadas para dinamitar las instituciones que generaron contrapesos y permitieron tener gobiernos con controles. Se busca regresar a la concentración del poder absoluto en el Ejecutivo, como en tiempos del tan repudiado PRI, y poder gobernar en forma autocrática.
El discurso es propio de la demagogia. Se dice que las reformas generarán ahorros para dedicar más dinero a los programas sociales impulsados en este sexenio, que más allá de sus bondades, tienen carácter populista y finalidades electoreras. Ningún estudio de impacto regulatorio acompaña el proceso legislativo que compruebe esta afirmación.
Basta analizar las propuestas de reforma para percatarse fácilmente de lo que se pretende. Me referiré, por espacio, a la reforma judicial. Elegir por voto popular a los jueces no es una buena idea. La politización de la justicia nunca ha sido benéfica. Los jueces no representan al pueblo. Su función exige imparcialidad, objetividad y profesionalismo. Ello se logra a través de la construcción de un sistema de carrera judicial y con garantías institucionales, que les protejan de amenazas externas.
El juez debe de estar ocupado en formarse y analizar con objetividad los casos que le son sometidos, para resolver, imparcial y objetivamente, con base en la Constitución y en la ley. Pensar en agradar a las fuerzas políticas y los electores que le llevaron al cargo y que decidirán sobre su reelección sin duda lo distraen.
La elección popular de todos los integrantes de la judicatura nacional, incluido tribunal electoral, con candidaturas postuladas por los órganos controlados hoy por morena y sus aliados, adivinen a quién llevará a esas sillas. El asunto es serio. El Poder Judicial es quien vigila el respeto a la Constitución y garantiza el ejercicio de los derechos humanos. No debe estar sometido a intereses económicos ni políticos mayoritarios sean fácticos o partidistas. De ese tamaño es el riesgo.
POR GABRIEL MENDOZA ELVIRA
ABOGADO CONSULTOR
@GMENDOZAELVIRA
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