De cara a la confrontación que se ha provocado sobre el tema, conviene subrayar un punto de coincidencia entre impulsores y detractores de la reforma del Poder Judicial Federal (PJF): la necesidad de una reforma profunda a causa de los vicios de varia índole que corroen al PJF y la inutilidad de normas e instancias para frenarlos.
Tirios y troyanos, por supuesto, difieren radicalmente del cómo hacerlo, pues para unos la ruta es la contenida en las reformas legislativas aprobadas la madrugada del miércoles 11 de septiembre en el Senado. Y para otros, éstas implican el fin de la autonomía del PJF.
Es cierto que donde se expresa con mayor rudeza la corrupción de la justicia es en los juzgados locales de las entidades federativas. Es cierto también que una impartición de justicia equitativa y expedita requiere la existencia de una eficaz procuración de justicia en todos los ámbitos. Pero es cierto, asimismo, que lo más importante era empezar el saneamiento, si bien el éxito -si se concreta- será a futuro.
Las reformas aprobadas implican una audaz y riesgosa innovación: la elección de los juzgadores. Lo reitero: No hay que temerle al voto popular, pero se precisa diseñar y vigilar con esmero los qués y los cómos.
Pese a la narrativa opositora, no se sostiene la versión de que el gobierno vaya a apropiarse del control del Poder Judicial Federal y acabar con su autonomía. Es al contrario. Hasta antes de este sexenio, el PJF y la Suprema Corte habían sido obsecuentes con los asuntos que más interesaban al gobierno federal. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, han menudeado las sentencias contrarias al Ejecutivo.
Con el sistema todavía vigente, el oficialismo puede tener el control de los juzgadores desde su origen porque, en el caso de la Corte, quien propone es el Presidente y quien designa es el Senado, y respecto de los demás juzgadores, quien propone es la Corte y quien nombra es también el Senado. Morena posee el Ejecutivo y la mayoría absoluta en el Congreso. En consecuencia, el poder de nombrar a los jueces lo tiene Morena en la actualidad y, en rigor, lo está cediendo al voto popular. ¿Qué es mejor: que los juzgadores sean nombrados por el Presidente y por un Senado bajo el dominio morenista o que lo haga el voto ciudadano?
Sin embargo, la elección de juzgadores -es inocultable- está erizada de dificultades. Por una parte, el Instituto Nacional Electoral tendrá que asumir funciones muy semejantes a las legislativas ante la falta de un marco normativo específico y, por consiguiente, éste tendrá que construirse con acuerdos del órgano electoral.
Aparte de los aspectos técnicos, no está claro cómo podrá evitarse la acción de los poderes fácticos (empresas, bancos, agrupaciones de abogados…) en la elección de juzgadores, pues muy probablemente estarán prestos a apoyar campañas de cara a beneficios futuros. Descuidar este rubro puede descarrilar la reforma judicial aprobada.
PLUS ONLINE: LEYES Y SALCHICHAS
La aprobación de la reforma judicial transitó en una accidentada vía en la que se denuncian presiones de aprobantes y reprobantes, traiciones, amenazas, detenciones arbitrarias, pactos de impunidad…
Destacan dos hechos: la irrupción violenta de trabajadores del PJF en la sede del Senado, con destrozos y lesiones a personal del órgano legislativo, y el voto favorable a la reforma morenista a cargo del senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez, rápidamente tildado de traidor por sus correligionarios, igual que su padre Miguel Ángel Yunes Linares.
Desde luego, la violencia en la sede senatorial deslegitima parcialmente la protesta antirreforma, pero tampoco debe satanizarse. De la misma manera, aunque la familia de los Yunes no posee una historia política edificante, no es razonable calificarlos de traidores por un partido, el PAN, que considera casi heroína a Lily Téllez, la senadora que se refugió en sus filas cuando decidió apartarse de Morena, partido que la postuló y arropó. ¿Deben considerarse esos casos como traición o como ejercicio pleno de la libertad de disentir de su bancada legislativa e incluso afiliarse a otra?
Comoquiera, esos y otros hechos como el extraño caso del senador emecista Daniel Barreda, quien no asistió a la crucial sesión senatorial porque presuntamente su padre fue detenido en Campeche, actualizan nítidamente la frase atribuida a Otto von Bismarck y que fue fraseada primero, con matices, por el poeta estadounidense John Godfrey Saxe: “las leyes son como las salchichas, es mejor no ver cómo se hacen”.
O quizá sí haya que mirar críticamente cómo se hacen las leyes (y cómo se aprueban reformas constitucionales) y cómo se comportan los legisladores, pero aplicando siempre el mismo criterio, sin importar si el crítico simpatiza con tal o cual postura.
POR EDUARDO R. HUCHIM
COLABORADOR
@EDUARDORHUCHIM
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