En las últimas semanas, la iniciativa de reforma judicial que se discute en el Senado de Mexicano ha generado inquietud entre el sector empresarial, llegando incluso a frenar inversiones que se preveían para el corto y mediano plazo. Este contexto es especialmente relevante, no solo por la urgencia de transformar el sistema de justicia en el país, sino también por sus implicaciones directas en el nearshoring y el flujo de capitales extranjeros.
Los líderes empresariales han expresado su preocupación en diversas publicaciones, señalando que un sistema judicial ineficiente y percibido como corrupto obstaculiza la confianza en un entorno de negocios que, por sí solo, ya enfrenta desafíos significativos. A medida que más empresas consideran México como un destino atractivo para el nearshoring, la duda sobre la integridad del proceso judicial se convierte en un factor determinante para la toma de decisiones. La falta de garantías jurídicas puede hacer que las empresas busquen alternativas en otros países, deseando asegurar un ambiente menos riesgoso.
Los datos más recientes indican que varias compañías, particularmente en los sectores de manufactura y tecnología, han postpuesto sus decisiones de inversión. Estas inversiones son cruciales para el crecimiento del nearshoring, que se encuentra en auge debido a la reconfiguración de las cadenas de suministro tras la pandemia y los conflictos internacionales. Por lo menos un 30% de las inversiones proyectadas para este año se encuentran en suspenso, con empresas esperando mayores certezas sobre el sistema judicial antes de comprometer capital.
Desde un punto de vista empresarial, la reforma judicial representa doble oportunidad: por un lado, brinda la posibilidad de modernizar un sistema que ha sido criticado por sus deficiencias; por otro lado, si no se maneja adecuadamente, puede resultar en una profunda desconfianza que aleje capital fresco.
Una reforma judicial integral podría, en teoría, atraer a más empresas que deseen anclar sus operaciones en México, particularmente en un contexto de nearshoring donde la agilidad y el cumplimiento de la ley son esenciales. Sin embargo, para consolidar esa atracción, es crítico que la reforma no solo sea aprobada, sino también ejecutada con transparencia y efectividad.
Asimismo, es vital que la voz del sector empresarial sea escuchada en el proceso legislativo. La colaboración entre el gobierno y las empresas es esencial para que la reforma sea efectiva y responda a las necesidades del mercado. Forjar un diálogo constructivo permitirá identificar y abordar los temores de los inversionistas, enviando un mensaje claro sobre el compromiso de México con la mejora del estado de derecho.
En resumen, la iniciativa de reforma judicial en México es de crucial importancia no solo para el sistema de justicia, sino también para el futuro del sector empresarial en el país. A medida que la economía busca capitalizar oportunidades en el nearshoring y atraer inversión extranjera, es fundamental que el sistema jurídico funcione como un aliado y no como un obstáculo. La esperanza es que las lecciones aprendidas de este proceso guíen a un enfoque que beneficie a todos, asegurando un México más fuerte, justo y próspero.
Por Ana Martínez
Presidenta de la Comisión de Pymes Coparmex CDMX y Empresaria
dhfm