La propuesta del presidente de la república para que los poderes judiciales, federal y locales, se integren con ministros, magistrados y jueces electos por el voto directo y secreto de los ciudadanos es un tema que se procurado situar en la plática cotidiana, el debate público y el interés de la ciudadanía en los últimos meses.
Los diálogos nacionales que institucionalmente se han venido realizando y las asambleas informativas del movimiento en el gobierno, solo han tenido como objetivo atacar la labor que realizan miles de servidores públicos desde el poder judicial y engañar a la ciudadanía para generar aceptación a la propuesta, aprovechando que en el ánimo del pueblo existe la percepción de que aún está pendiente la existencia de un sistema de justicia eficaz.
La reforma que se propone es falsa porque no tiene la intención de mejorar el sistema de justicia. Los problemas de atención y resolución rápida de los asuntos, de ejecución de sentencias y reparación de daños a las víctimas de forma efectiva, no se solucionarán si no se terminan de consolidar las reformas en materia penal de 2008 y la laboral de 2017, y si no se prevé lo necesario para la implementación de la reforma en materia procesal civil y familiar en todo el territorio nacional, así como de los mecanismos alternativos de solución de controversias.
La propuesta es una venganza. Al gobierno actual no le agrada que le lleven la contraria y que desde el poder judicial se limiten sus decisiones, por eso el afán de quitar a los ministros, magistrados y jueces que han cumplido con su misión de aplicar y hacer que prevalezca lo que dice la ley suprema de la nación frente a actos concretos del ejecutivo.
Se engaña al pueblo haciendo creer que el sistema de justicia es sólo el poder judicial, sea federal o local. Se oculta que entre sus componentes también están la policía como primer respondiente, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los tribunales administrativos y agrarios, los centros penitenciarios, e incluso los órganos autónomos en materia de derechos humanos, aunque sus resoluciones no sean vinculantes, y el poder judicial es el último eslabón en el sistema de justicia.
Es mentira que el pueblo elegirá de forma directa a los juzgadores y que ello dará legitimidad a los impartidores de justicia. El principal elector, serán el presidente de la república, así como las y los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas con su movimiento, usando la mayoría que tienen en los congresos federal y estatales. Además, el reconocimiento a la labor jurisdiccional no es algo que se obtenga en automático por la forma de cómo se elijan a los juzgadores, será en la medida en que hagan prevalecer derechos conforme a lo previsto en la Constitución y las leyes, evitando actos arbitrarios y abusos de autoridad.
Asimismo, el mecanismo de elección que se pretende establecer es costoso y va en contra de la austeridad republicana que tanto se ha pregonado. Para la elección de ministros, magistrados y jueces federales se aplicarían cerca de cuatro mil millones de pesos, a los cuales habría que sumar los recursos que en las entidades federativas se destinen para la elección de magistrados y jueces locales.
Estos recursos bien pudieran servir para fortalecer el personal, la capacitación, el equipamiento e infraestructura que requieren los cuerpos policiales, ministerios públicos y los propios poderes judiciales para cumplir debidamente con su labor y atender la carga de trabajo que hoy en día tienen.
En definitiva, la reforma al poder judicial que se impulsa con demagogia para ganar el apoyo popular es para concentrar el poder. No se intenta mejorar el sistema de justicia.
Se pretende la captura del poder judicial y el control total del poder legislativo mediante el impulso de una sobrerrepresentación en proceso, de parte de un poder ejecutivo que pretende ser hegemónico, avasallador y sin límites, en todo y con todo.
POR MIGUEL ÁNGEL SULUB CAAMAL
EXPRESIDENTE DEL CAPÍTULO CAMPECHE DE LA BMA
MAAZ