En 2008 se reformó el sistema de justicia penal con el objetivo de despresurizar el sistema, mejorar la procuración de justicia y reducir la impunidad. En 2016, después de la vacatio legis otorgada por los transitorios constitucionales, se implementó dicho sistema con un código único nacional. Hoy, en 2024, ni se despresurizó el sistema, ni se respetan los derechos humanos, ni existe materialmente la presunción de inocencia, y desde luego, no se redujo la impunidad en porcentaje alguno. Me atrevo a decir que hay más impunidad.
Existen tres problemas fundamentales adicionales a la corrupción: la interpretación a modo de la presunción de inocencia, el simulado respeto a los derechos humanos; la ineficiencia y falta de personal del Ministerio Público. La ciudadanía simplemente no confía en su representante social. Cada día resulta más y más ineficiente, lo que es una forma de corrupción. El Presidente ha señalado acertadamente que la mayoría de las personas en el país perciben que el sistema judicial no está funcionando adecuadamente. Casi la mitad de los mexicanos tiene poca o muy poca confianza en las autoridades judiciales, y aproximadamente el 90 por ciento de las personas ni siquiera denuncian los delitos por esa misma razón. Sin embargo, lo he dicho antes, el enfoque en la elección de jueces no aborda la raíz del problema: la ineficacia de las fiscalías.
Tyler Mattiace entrevistó durante el último año a más de 100 personas involucradas en los sistemas de justicia de 10 estados diferentes, incluyendo fiscales, policías de investigación, jueces, defensores y abogados que representan a las víctimas. La frustración es una constante entre todos ellos, reflejando un sistema en crisis. Muchas víctimas de crímenes se ven obligadas a gastar su tiempo, dinero y esfuerzo en busca de justicia y reparación que nunca llegan. Por otro lado, quienes son acusados de delitos frecuentemente sufren abusos, corrupción y falta de debido proceso.
El Presidente ha culpado a los jueces, a quienes ha acusado repetidamente de “favorecer a los delincuentes” y ser “corruptos”. A principios de este año, propuso modificar la Constitución para reducir la duración de los mandatos de los jueces, destituir a todos los actualmente en servicio y reemplazar su proceso de nombramiento con elecciones populares. Sin embargo, esta propuesta ha generado preocupación, ya que muchos temen que socave gravemente el papel de la Judicatura como un control independiente sobre el poder gubernamental. Claudia Sheinbaum, la próxima presidente, ha instado al Congreso a aprobar la propuesta antes de que ella asuma el poder el 1 de octubre.
Al centrarse en la elección de jueces, tanto López Obrador como Sheinbaum están ignorando el verdadero problema en el sistema de impartición de justicia: la falta de voluntad y la incapacidad de las fiscalías para investigar. Las fiscalías en México son responsables tanto de investigar como de ejercitar acción penal y judicializar los delitos, y sus resultados han sido infames. En 2022, se aperturaron 2.2 millones de carpetas de investigación, pero solamente 238 mil casos llegaron ante un juez de control, es decir, solo el 10 por ciento. La mayoría de las investigaciones, incluso sobre homicidios, desapariciones y graves violaciones de derechos humanos, se determinan con un no ejercicio de la acción penal, y la favorita de las fiscalías, el archivo temporal de la carpeta. Los casos que remotamente sí llegan ante un juez de control, generalmente llegan a la formulación de la imputación con un fiscal que no conoce el caso, desganado, y sin datos de prueba suficientes para sostener la imputación en tal etapa.
Los policías de investigación y peritos frecuentemente carecen de la formación y recursos necesarios para realizar su trabajo. Muchas veces, las víctimas y testigos temen represalias si cooperan con las investigaciones, mientras que las autoridades no pueden o no quieren brindarles protección efectiva. Además, la falta de reglas claras sobre contratación y ascensos ahuyenta a los investigadores y fiscales más preparados. Muchos de los mecanismos de control, como las unidades de asuntos internos y las fiscalías anticorrupción, carecen de la independencia y recursos necesarios para detener abusos y la corrupción. Los fiscales se enfocan en los casos más relevantes políticamente.
México enfrenta una profunda crisis de violencia criminal, violaciones de derechos humanos e impunidad. Más de 100 mil personas se encuentran desaparecidas y la tasa de homicidios es una de las más altas del mundo. Para abordar esta situación, se requiere un sistema de justicia imparcial y eficiente. Esto implica no solo garantizar que los jueces puedan tomar decisiones sin interferencia indebida, sino también asegurar que las fiscalías realicen investigaciones reales, efectivas y respetuosas de los derechos humanos para determinar la verdad, castigar a los responsables y evitar que cometan más abusos.
Para lograr esto, es necesario fortalecer los mecanismos de supervisión y anticorrupción, invertir en capacitación y recursos forenses, proteger y apoyar a las víctimas y testigos, y establecer servicios profesionales de carrera con reglas claras que recompensen a los fiscales e investigadores en función de su habilidad e integridad, además de destituir y castigar a aquellos que cometan abusos.
La justicia en México funciona solo para unos pocos privilegiados, y eso si acaso. Si el Estado Mexicano quiere que el sistema judicial funcione para todos, y bien, deberían no solo enfocarse en sustituir a los impartidores de justicia, sino enfatizar sus esfuerzos y recursos en salvar al país, resolviéndo la problemática del eslabón más débil del sistema: las fiscalías. Es ahí donde queda la oportunidad de darle justicia a un México ya no sólo tiene sed de justicia, sino ya se encuentra completamente deshidratado.
POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI
ABOGADO
@JOSE_LAFONTAINE
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