La desmesura y el catastrofismo corren rampantes y veloces estos días en México.
Los motiva la mayoría calificada que Morena y aliados tendrán en el Congreso de la Unión, holgada en Diputados y cercana en Senadores. Y como consecuencia, crece la posibilidad de ir concretando el Plan C impulsado por el presidente López Obrador, con reforma judicial incluida.
Oposición y malquerientes de la 4T, que no aprendieron el 2 de junio la lección de que el negativismo no les reditúa, insisten en augurar la catástrofe: el asesinato de la joven democracia que tanto ha costado construir, el suicidio del INE por su negativa a desacatar la Constitución al asignar plurinominales, la devaluación del peso y la ruina de la economía a causa de que morirá la independencia judicial, la agonía de la libertad de expresión por el despido de un grupo de comentaristas de Televisa (ni remotamente piensan en el dios de la tv, el rating). Para ellos, lo que viene con la aplanadora de Morena dejará en modo pigmeo a lo que hacía el PRI.
Tanta negatividad, tanta propagación del miedo, tanta desmesura revelan el deseo de que el barco se hunda, aunque ellos se hundan con el barco.
Es previsible que los malos augurios continúen ahora que la asignación de legisladores de representación proporcional (RP) ya pasó el filtro final, cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la distribución que acordó el INE.
Ambas instituciones estaban obligadas a actuar como actuaron porque así lo han hecho desde hace más de tres lustros. Más aún, en diciembre de 2023 el INE aprobó -y el TEPJF ratificó- el mecanismo para la determinación de curules y escaños de RP. Habría sido escandaloso que, una vez realizada la elección, cambiaran los criterios para distorsionar resultados, como lo pretendían quienes presumen de demócratas, pero obran antidemocráticamente.
Conviene aludir a una propuesta de la consejera Claudia Zavala en el INE, que -desde mi perspectiva- tuvo la virtud de apartarse de la abusiva pretensión de tratar a tres partidos como si fueran uno solo, en circunstancias en que la Constitución se refiere siempre a partidos y no a coaliciones. Sin embargo, examinando con detenimiento esa propuesta, se advierte que está basada en una interpretación errónea de la fracción V del artículo 54 constitucional.
Ello porque donde dice "que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación", la consejera lee "el 8% del porcentaje de la votación de cada partido". Aplicando ese criterio, con el 43.59% de la votación, Morena solo podría tener el 47.08% de Diputados (su porcentaje de votación más el 8% del mismo). Sin embargo, aplicando lo que sí dice la Constitución, 8 puntos porcentuales y no 8%, el resultado es diferente.
Además, con la asignación que proponía Zavala, se alteraban los parámetros y el mecanismo de distribución que claramente dispone la Constitución. Comoquiera, la propuesta puede ser un insumo a considerar para posteriores reformas.
PLUS ONLINE: ¿CONTRADICCIÓN CORTE-TRIBUNAL?
El presidente del PAN, Marko Cortés, presentó ante la Suprema Corte una denuncia por contradicción de criterios entre la Corte y el TEPJF
El criterio de la SCJN está en la tesis “P/J 69/98. Materia electoral. Bases generales del principio de representación proporcional”, derivada de la acción de inconstitucionalidad 6/1998, interpuesta y ganada por el entonces presidente del PRD, Andrés Manuel López Obrador, quien combatió una cláusula de gobernabilidad establecida en la legislación de Quintana Roo.
La tesis de 1998 contiene principios ya previstos en la Constitución federal y las leyes electorales actuales y no parece contradictoria con los recursos combatidos por el panista (SUP-REC-943/2018 y SUP-RAP-385/2023) y resueltos por el TEPJF, uno sobre diputados RP de 2018 y el otro sobre el mecanismo acordado por el INE para la asignación de RP de este año.
La ministra presidenta, Norma Piña Hernández, admitió a trámite la denuncia y la turnó al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. La pretensión del líder panista era que la Corte resolviera de inmediato para incidir en la resolución del TEPJF, pero prontamente González Alcántara desestimó esa posibilidad.
Antes de que la sesión del pleno de la Corte fuera suspendida el 27 de agosto (en solidaridad con el paro de trabajadores del Poder Judicial), González Alcántara tomó la palabra y fijó cuatro puntos esenciales: 1) Se tomará el tiempo necesario para proponer un proyecto de resolución; 2) Tal resolución no puede surtir efectos retroactivos; 3) Tampoco podrá reemplazar las decisiones de la Sala Superior en lo que a su competencia corresponda; 4) El TEPJF es el responsable de conocer de la designación de diputaciones y senadurías de RP.
Ambos ministros actuaron conforme a la Constitución y es absurda la pretensión morenista de recusación e incluso ¡de juicio político!
POR EDUARDO R. HUCHIM
COLABORADOR
@EDUARDORHUCHIM
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