A finales de 2023 fue en la comunidad de Texcapilla, municipio de Texcatitlán, Estado de México donde la extorsión generó un episodio de violencia, ahora toca a Tarímbaro, Michoacán, donde actores y víctimas son diferentes, pero giran en torno al mismo problema, el cobro de piso, considerado la fase superior de éste delito.
Pero más allá de los aspectos conceptuales y explicaciones criminológicas que tratan de descifrar la génesis y evolución de los grupos delictivos dedicados a este tipo de ilícitos, lo preocupante es que a casi 25 años de su aparición en México, la extorsión sigue mutando e incrementándose en forma casi exponencial.
No es gratuito que el propio presidente de la República admita que la extorsión, en sus modalidades telefónica y presencial, es un delito que no pudo revertir durante su administración que está por concluir y que en términos de Carpetas de Investigación se incrementó en 53.8% entre 2018 y 2023, al pasar de 6 mil 721 a 10 mil 337, pero si nos remitimos al número de víctimas de este ilícito, éstas aumentaron 58.8% en el mismo lapso, al pasar de 6 mil 895 a 10 mil 946.
De hecho, la modalidad presencial de la extorsión, también conocida como “pago por derecho de piso” o “cobro de piso”, pasó de 8.4% en 2018 a 9.9% en 2022, es decir una de cada 10 extorsiones cometidas a mitad del sexenio fueron para cobrar piso; las restantes fueron realizadas vía telefónica.
Tendencia similar siguió el porcentaje de víctimas que terminaron pagando cantidad alguna, el cual pasó de 7.1% en 2018 a 8.7% en 2022 es decir casi uno de cada 10 intentos de extorsión terminaron siendo pagados en montos que van de los 5 mil hasta los 10 mil pesos.
Si tomamos en cuenta que en 2022 el INEGI estimó en 4.7 millones las extorsiones cometidas a nivel nacional y que en el 8.7% de los casos las víctimas terminaron pagando en promedio 7 mil 500 pesos, el monto total obtenido por los delincuentes asciende a 3 mil 66 millones 750 mil pesos, cantidad nada despreciable ya que corresponde al 0.01% del Producto Interno Bruto (PIB) del país de ese año.
Al hacer la sumatoria de los 4 años completos de la administración del presidente López Obrador (2019-2022) de los que el INEGI dispone de datos sobre extorsiones estimadas totales, porcentaje de extorsiones pagadas y montos promedio de cada una de ellas, la cifra asciende a 12 mil 90 millones de pesos.
Para tener una mejor referencia de lo que significaron los ingresos de los grupos delictivos dedicados a la extorsión de 2019 a 2022; entre 2001 y 2012 el monto obtenido por los grupos delictivos dedicados al secuestro en México ascendieron a 1,680 millones de pesos, es decir 7 veces menos que los extorsionadores.
Pero lo más relevante es que los 1,680 millones de pesos que pudieron cobrar los secuestradores corresponden al 6% de los 29 mil 60 millones de pesos que exigieron a las familias de sus víctimas por concepto de rescate, es decir que el 94% restante no fue pagado gracias a la Estrategia de atención al secuestro, la cual sigue vigente hasta nuestros días a través de las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro (UECS) que existen en cada una de las 32 entidades federativas más la Coordinadora Nacional Antisecuestro (CONASE).
En síntesis, si el gobierno entrante quiere avanzar en el combate a la extorsión, empezando por Michoacán y continuando por el Estado de México, bien podría seguir la Estrategia de atención al secuestro que nació en 2008 en Palacio Nacional durante el mandato de Felipe Calderón fue replicada a nivel nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero sobre todo que sigue vigente y con resultados probados como los que entregará Andrés Manuel López Obrador.
POR FACUNDO ROSAS R.
EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL
@FACROSAS
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