“Un pueblo habituado a un régimen autoritario pierde gradualmente la noción misma de la libertad” Jonathan Swift.
La suerte está echada. El miércoles se votó en la Comisión de Partidos del Instituto Nacional Electoral (INE) que Morena y aliados, es decir, el oficialismo tendrá un 73% de las asientos, mientras que la oposición solo logró un 27 por ciento, lo que representa 18 por ciento más de lo alcanzado en las urnas, 10% más de lo permitido en la Constitución. El nudo gordiano no se deshizo y la interpretación de nuestra Carta Magna, quedó reducida a una lectura simple y llana. Aún falta la discusión y fallo por parte del Consejo General del INE, sin embargo la resolución será igual como se votó antier, sin mover una coma.
Las implicaciones de esta acción, como lo he repetido en varias ocasiones, no solo serán las reformas que propuso en febrero el presidente, como desaparecer organismos autónomos, crear fondos con dinero ajeno o llevar a todas las y los jueces del país a ser votados popularmente e iniciar con el desmantelamiento del Poder Judicial, sino el peligro es más grande, pues cuando todo el poder político se concentra en las manos de una sola persona -o de una coalición oficialista-, las consecuencias para la democracia son graves e irreversibles. Este fenómeno, que puede parecer un simple cambio de régimen, en realidad socava las instituciones y erosiona el sistema de contrapesos, fundamental para cualquier gobierno que se tilde como democrático.
La sobrerrepresentación se traduce en la obtención de la mayoría calificada sin necesidad de negociar con la oposición ni con nadie. El fallo del INE no solo distorsiona la verdadera composición política del país, sino que también fomenta un ambiente donde el diálogo y la cooperación entre diferentes fuerzas políticas se vuelven innecesarios. Simplemente los borra, no existen. Además, cuando un partido o una persona acumula tanto poder, se reduce hasta la nulidad la capacidad de los ciudadanos de influir en las políticas públicas o en cualquier arena pública y se incrementa el riesgo de que se adopten medidas que beneficien a unos pocos en lugar de a la mayoría.
Lo anterior también amenaza con consolidar una hegemonía política que desmantele las pocas salvaguardas que protegen la democracia en el país. La historia muestra que cuando los líderes políticos pueden actuar sin restricciones, suelen implementar reformas que perpetúan su poder, limitando derechos fundamentales y silenciando voces disidentes. Esto no solo socava la democracia a nivel institucional, sino que también tiene un impacto directo en la vida diaria de los ciudadanos, quienes ven cómo su capacidad de influencia y su libertad se ven progresivamente restringidas. Los ejemplos son multicitados.
Así, como lo dijo ayer el embajador Ken Salazar, a través de un comunicado oficial acerca de la -inminente- reforma Judicial, “[…] dicha decisión no fortalecerá al Poder Judicial y sí debilitará los esfuerzos para hacer realidad la integración económica de América del Norte y creará turbulencias […]” Este es solo el primer efecto -de muchos otros que vendrán- gracias a la sobrerrepresentación y de la puesta en marcha del afamado Plan C. Ahora ya solo resta esperar el resolutivo del INE el día de hoy, la sala superior del Tribunal Electoral y que septiembre no sea un mes que marque la vida política, democrática y económica del país.
POR ADRIANA SARUR
COLABORADORA
EEZ