El 11 de mayo de 2018, en la que fue mi primera sesión como integrante del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, se aprobó ejercer la facultad de atracción, para conocer 74 recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los cuales se encontraban pendientes de resolución por la ausencia temporal de “quórum” del Pleno de ese órgano.
Durante la exposición se argumentó que ejercer esta facultad, prevista en el artículo 6 de la Constitución y en el artículo 181 de la Ley General de Transparencia, dotaría de certeza a la ciudadanía sobre la protección de sus derechos. Lo anterior, ya que al no estar integrado el organismo garante local quedaba la ciudadanía en estado de indefensión, limitando tanto su derecho a conocer los motivos de las decisiones gubernamentales, como su autodeterminación informativa frente a los tratamientos realizados por dependencias y entidades de la capital del país.
La decisión de aquella tarde representó un ejercicio sin precedentes de esta facultad otorgada al INAI para atraer, conocer y resolver los recursos de revisión de las autoridades de transparencia locales, y, con ello, garantizar a las y los capitalinos el goce efectivo de los derechos fundamentales de acceso a la información y de protección de datos personales. En un periodo que abarcó nueve meses, en que el órgano garante de la capital no contó con el “quórum” legal, el INAI atrajo 940 recursos, evitando que se interrumpiera la garantía de esos dos derechos fundamentales. Estos recursos se suman a los atraídos por la falta de “quórum” temporal que enfrentaron también los organismos garantes de los estados de Guerrero y Morelos, así como los que atrajo el Pleno del INAI por su interés y trascendencia.
En ese sentido, ante la coyuntura que este organismo autónomo enfrenta, a causa de diversos cuestionamientos sobre su utilidad y costo para la sociedad, es necesario hacer énfasis en esta facultad de atracción que nos ha permitido proteger los derechos de las personas de diversas entidades federativas, como la Ciudad de México, Morelos y Guerrero, ante la falta de “quórum” de sus plenos, así como de quienes acuden a este instituto como segunda instancia, a través del recurso de inconformidad, contra alguna determinación de los organismos garantes de los estados.
En el contexto actual, en el que se plantea discutir el dictamen que considera un sistema sin una autoridad nacional garante y el traslado de las atribuciones a diversas instancias del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del ámbito federal, considero importante colocar este tema en la discusión, pues bajo dicho supuesto se pondría a las personas en un escenario en el que la garantía de los derechos humanos de acceso a la información y de protección de los datos personales se fragmentaría y se perderían los avances legales e institucionales alcanzados en más de dos décadas; y se perdería una política nacional de transparencia que se ha construido gracias a los esfuerzos de federalismo cooperativo impulsados desde el Sistema Nacional de Transparencia.
Como toda institución, este órgano garante debe ajustarse a procesos de mejora continua, de revisión y de rendición de cuentas. No obstante, el proyecto para desmantelar a la autoridad nacional garante de los derechos humanos a la información y a la protección de los datos significaría un serio retroceso para su garantía. De aprobarse esa propuesta, colocaría al país en una situación desfavorable para la democracia, para la pluralidad y la expresión de las voces, elementos que son necesarios en un sistema que requiere de participación y construcción de acuerdos.
En el INAI estamos comprometidos con los principios constitucionales y democráticos, por lo que reiteramos nuestra responsabilidad para tutelar de manera efectiva los derechos humanos. Después de todo, este instituto es patrimonio de todas y todos los mexicanos. Seguiremos trabajando a favor de las personas y sus derechos, para consolidar un Estado abierto y democrático en el que el derecho a saber y la protección de nuestros datos personales sean temas fundamentales en la agenda nacional.
POR BLANCA LILIA IBARRA CADENA
COMISIONADA DEL INAI
@BL_IBARRA
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