Casi un año y medio ha pasado desde cuando el 17 de marzo de 2023 la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y contra Maria Lvova-Belova, su Comisionada para los Derechos del Niño, por la responsabilidad de ambos en la deportación y traslado ilegal de población desde Ucrania a la Federación Rusa, afectando especialmente a los niños y niñas ucranianos.
En relación con este trágico suceso —que califica al menos como crimen de guerra—, este martes la Embajada de Ucrania y la Asociación del Servicio Exterior Mexicano están inaugurando en la Ciudad de México la exposición titulada “Guerra en Ucrania: Infancia Secuestrada”. El objetivo es llamar la atención sobre casi 20 mil casos documentados de niños y niñas ucranianos secuestrados y deportados ilegalmente a Rusia, Bielorrusia o territorios ucranianos ocupados por Rusia.
Hoy ya sabemos que el ejecutivo mexicano no parece muy sensible con el tema de niños y niñas ucranianos. En su reciente intervención sobre la posibilidad de arrestar en el territorio mexicano a Putin en caso de que éste llegara a México para participar en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, el presidente López Obrador respondió directamente que “(…) nosotros no podemos hacer eso, o sea, no nos corresponde.”
Es cierto que el Art. 21 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos introduce un importante elemento de voluntarismo en relación con las obligaciones de México frente a la CPI al establecer que “El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”. Ahora bien, México participó activamente en todo el proceso que llevó al establecimiento de la Corte, firmó el Estatuto de Roma en 2000 y lo ratificó en 2005, asumiendo de esta manera los compromisos correspondientes.
Además, durante este sexenio hemos presenciado un importante activismo de México para participar en la impartición de justicia internacional. En 2021 la diplomática mexicana Socorro Flores Liera fue nombrada magistrada de la Corte para un periodo de nueve años. México se sumó también al grupo de países que apoyan los trabajos de la CPI en relación con Ucrania. Asimismo, junto con Chile, solicitó al fiscal de la CPI para que investigara la comisión de crímenes en Palestina.
México, como Parte, tiene la obligación de cooperar plenamente en la investigación y enjuiciamiento de crímenes internacionales como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, asegurando que su legislación nacional esté alineada con el Estatuto de Roma y facilitando la entrega de acusados y la cooperación judicial. Además, debe garantizar que estos crímenes no queden impunes, impidiendo la concesión de amnistías que obstaculicen la justicia. En este contexto, el “no nos corresponde” del Poder Ejecutivo mexicano suena sorprendente, contradictorio y hasta desafiante para los demás países que reconocen a la Corte Penal Internacional.
POR BEATA WOJNA
PROFESORA DE RELACIONES INTERNACIONALES
TECNOLÓGICO DE MONTERREY
@BEATAWOJNA
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