Sin duda, el presidente tiene una venganza personal con el Poder Judicial Federal. Sin embargo, la impartición de justicia, si es que todavía podemos llamarla así, está completamente colapsada. Es distante, corrupta, ineficaz e ineficiente; no es ni pronta, ni expedita, ni mucho menos gratuita.
Eso le ha dado al presidente el sustento para que su cacería sea popular. La sed de justicia en México ya es deshidratación. El trabajo de los jueces, oscuro y lleno de vicios innegables, no está solo en esto. El trabajo de la otra parte del ecosistema de justicia: las fiscalías, y por encima de todo, la Fiscalía General de la República (FGR), cuyo desempeño es aún peor que el de los jueces. Con algo de suerte, pasamos del infierno de las fiscalías al purgatorio del Poder Judicial.
La principal instancia de investigación y persecución criminal del país se escapa al debate nacional. Lo que para los jueces es embestida, a las fiscalías no se les toca; el presidente y el Congreso son simplemente complacientes. A la luz de los resultados arrojados en los últimos cinco años, resulta incomprensible.
Ni una palabra se emite desde las mañaneras sobre sus deficiencias procesales ni sobre la falta de medios de prueba en sus investigaciones. Ni una palabra sobre la incompetencia mostrada una y otra vez en las investigaciones criminales que comenzaron llenando las primeras planas de los periódicos y que, con el tiempo, empequeñecieron en notas al pie del basurero del internet.
Los fiscales se han convertido en figuras de consenso en cuanto a la desaprobación que generan sus gestiones. La opinión pública y la opinión publicada convergen en su desprecio hacia su trabajo, y no es para menos. Su gestión ha sido un compendio de venganzas personales y persecuciones políticas, y un trágico resumen de carpetas mal integradas. En cualquier otro trabajo habrían sido despedidos de inmediato, pero en las fiscalías, no.
No solo son las personas, los servidores públicos quienes son responsables, sino también el abandono y el olvido por parte de los gobiernos federal y local. Las fiscalías del país están rebasadas, con poco gasto en procuración de justicia, poco personal y elevadas cargas de trabajo. Estas condiciones llevan a una baja efectividad en la resolución de los casos que atienden, lo que en consecuencia genera y perpetúa la impunidad.
Esto se agrava si consideramos que el porcentaje de delitos que ocurren, no se denuncian y en los que no se inicia una carpeta de investigación es superior al 90%. Es decir, del total de delitos que se cometen, solo una pequeña proporción llega al conocimiento de las autoridades y, en consecuencia, la probabilidad de esclarecimiento de los delitos en México es de apenas 1%.
La denuncia es la puerta de entrada al sistema de justicia, por lo que si los delitos que suceden no se denuncian, no se iniciarán investigaciones y no habrá delitos que perseguir, excepto en aquellos que se inicien de oficio (como el homicidio doloso). Sin embargo, esta baja proporción de casos denunciados responde a que muchas veces la denuncia implica enfrentarse a un proceso largo y difícil para las víctimas, con pocas probabilidades de éxito.
Del total de delitos denunciados y que sí iniciaron una investigación durante 2020, en el 47% de los casos no sucedió nada a raíz de la denuncia, en el 27% la investigación se encontraba en trámite, el 6.6% de los casos concluyó con alguna forma anticipada del proceso, el 5.9% recuperó sus bienes y sólo el 4.6% llegó a un juez.
Lejos de fortalecer la independencia de criterio de sus fiscales, los fiscales generales, tanto locales como federales, han pugnado por un modelo de organización vertical. La FGR y las fiscalías son más lentas y reumáticas que la vieja PGR y las procuradurías de los estados. El cambio de letras fue un espejismo, el preludio de una traición. Un ejemplo claro es que en 2018, la PGR iniciaba un promedio de 309 investigaciones diarias, mientras que cuatro años después, la FGR solo 212, un 31% menos (México Evalúa, Programa de Justicia).
Además, la inmensa mayoría son denuncias formales, casi ninguna es resultado de una investigación proactiva, convirtiendo a la FGR en una mera oficialía de partes. Similares números tiene la fiscalía de la Ciudad de México, donde una carpeta puede tardar entre 4 y 6 años en integrarse sin rumbo ni líneas de investigación, y eso siendo perseguida por un asesor jurídico; sin este, no tiene la menor posibilidad. Se tardan más de cuatro meses en determinarla y enviarla a un juez.
Y ahí está la mayor cloaca: las fiscalías no quieren judicializar y los jueces no quieren trabajar, el hambre y la necesidad de la mano. De los 2.2 millones de carpetas de investigación abiertas solo en 2022, solo 96,500 casos, el 4.3% del total se vinculó a proceso. Lo que queda es la impunidad, el drama penal, la revictimización y, desde luego, la injusticia.
La transparencia en los procedimientos, la profesionalización del personal y la implementación de mecanismos efectivos de supervisión y evaluación son fundamentales para restaurar la confianza pública en estas instituciones. Además, se debe fomentar la independencia y la autonomía de los fiscales para que puedan desempeñar su labor sin presiones políticas, pero con la debida responsabilidad de rendir cuentas por sus acciones y decisiones.
Se debe revisar y reformar el sistema en su totalidad, no solo el Poder Judicial. Debemos adoptar un enfoque holístico que aborde todas las facetas de la impartición de justicia. Esto incluye la creación de políticas claras y efectivas para combatir la corrupción, la mejora de los recursos y la capacitación de los funcionarios, y la implementación de tecnologías modernas que faciliten un seguimiento más riguroso y transparente de los casos.
Si queremos resultados distintos, debemos hacer las cosas de manera diferente. El sistema penal actual, que sustituyó al inquisitivo hasta 2016, no ha mejorado en lo absoluto nuestra forma de procurar e impartir justicia. La razón es que las carpetas de investigación se tramitan como si fueran las antiguas averiguaciones previas, se investiga como si fuera 1985, y el paquidermo de la justicia simplemente no se mueve.
Cuando el presidente y la futura presidenta, los senadores y los diputados empiecen a señalar al Poder Judicial como el enemigo, no deben olvidar a las fiscalías en su discurso. Dichas instituciones son el problema en sí mismas. Inclusive con mejores fiscalías, tendríamos mejores jueces, ya que ellas mismas serían quienes no permitirían actos de corrupción judicial.
Eso se daría al integrar y preparar mejor sus casos, y de paso, también insertar en la reforma la elección popular de fiscales generales. No se resuelve el problema con cambiar el Poder Judicial, se requiere cambiar la institución del Ministerio Público.
POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI
ABOGADO
@JOSE_LAFONTAINE
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