La Suprema Corte de Justicia tiene sus raíces en un proceso histórico que refleja la evolución del sistema judicial y constitucional del país, su origen se remonta a 1824, cuando México adoptó su primera Constitución como una república federal después de la independencia de España. Esta Constitución estableció el principio de la separación de poderes y la necesidad de un órgano judicial supremo que interpretara y aplicara la ley de manera uniforme en todo el país.
La reforma constitucional de 1917, fortaleció el papel de la Corte como guardiana de los derechos fundamentales y como árbitro final en controversias constitucionales y legales entre los poderes del Estado y las entidades federativas. Su composición y funcionamiento han evolucionado para adaptarse a los desafíos y cambios sociales del país, manteniendo su relevancia como pilar del sistema judicial mexicano.
Este actuar deriva de la independencia que tiene del Poder Legislativo y Ejecutivo, pues ha permitido que el Poder Judicial funcione como un contrapeso efectivo frente a estos otros poderes. Esto no solo protege contra el autoritarismo y los abusos de poder, sino que también promueve la rendición de cuentas, la transparencia y el equilibrio en la toma de decisiones políticas.
La división de poderes no implica una separación absoluta, por el contrario, debe existir cierto grado de interacción y cooperación entre ellos para el buen funcionamiento del Estado, pero el objetivo principal es asegurar que ninguno tenga el poder absoluto sobre los otros.
Esto, al igual que en política y en cualquier institución, no se logra con improvisados, es irresponsable pensar que una persona recién egresada de la licenciatura de derecho pueda ser juez; los jueces deben ser profesionales con formación jurídica sólida y experiencia relevante para asegurar que puedan aplicar la ley de manera justa e imparcial.
Las y los jueces capacitados y experimentados pueden tomar decisiones coherentes y justas, lo que contribuye a fortalecer el Estado de Derecho y la confianza pública en el sistema judicial. A los jueces no los podemos elegir en un concurso de popularidad, de hecho, ellos saben que, la gran mayoría de sus decisiones son todo menos populares.
Me pregunto si alguien que está a favor de la reforma del poder judicial tal cual la propone el partido en el gobierno, llevaría a algún familiar con un doctor que haya ganado su trabajo porque es popular y la gente lo eligió, pero sin ninguna experiencia. Lo mismo pasa con los jueces; su experiencia y conocimientos son necesarias para promover que vivamos en una sociedad más justa e igualitaria.
Su permanencia no puede estar sujeta a decisiones políticas o presiones externas como vimos en días recientes con la solicitud de la renuncia de la Ministra presidenta, además se realiza sin fundamento legal con el simple afán de minar aún más un Poder Judicial que ha resultado incómodo para esta administración.
Acción Nacional reconoce que es necesaria una reforma al Poder Judicial, que como toda institución, tiene áreas de oportunidad que deben atenderse de manera urgente, ojalá la apertura a modificar la reforma planteada se de en la lógica de fortalecerla y garantizar efectivamente una justicia expedita e imparcial, pensando siempre en la consolidación de un sistema judicial que beneficie a las y los mexicanos y no en a la creación de un régimen autoritario.
Por Laura Esquivel Torres
Secretaria Nacional de Promoción Política de la Mujer en el CEN del PAN
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