Desde la tribuna de Naciones Unidas, con una severa carga de dolor, se escuchó la voz de México:
-No queremos que nuestro país siga poniendo los muertos…
Así subrayó Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, su llamado a la comunidad internacional para que cese el tráfico ilegal de armas de fuego hacia grupos delictivos.
La funcionaria mexicana planteó el drama que vive México, a quien se le reprocha frecuentemente, en ejercicio de una doble moral, que su gobierno no hace lo suficiente para frenar el trasiego de fentanilo y otras drogas que han llevado la muerte a miles de ciudadanos estadounidenses, pero se soslayan los miles de vidas segadas aquí con armas provenientes de EU.
Si bien toda muerte es dolorosa, no puede dejarse de lado -porque está dramáticamente presente en la realidad- la argumentación de que los narcotraficantes mexicanos envían sustancias para el divertimento de los consumidores de EU, mientras este país exporta armas para que los mexicanos se maten entre sí.
De ahí que cobre relevancia la afirmación de la funcionaria: “La vida, las vidas están por encima del mercado de armas”. Y cabe preguntarse: si en Estados Unidos, el principal mercado de las drogas, la comercialización de armas es libre y legal, ¿por qué deben, México y el mundo, secundar un prohibicionismo que no evita el consumo mundial de drogas, pero sí causa muerte por todas partes, tanto entre quienes producen y trafican estupefacientes como entre quienes los consumen?
¿Qué ocurriría si los cuantiosos presupuestos destinados a combatir producción, comercio y trasiego de drogas se destinaran a campañas inteligentes e intensivas para desalentar el consumo? ¿Qué pasaría si el enfoque prohibicionista es sustituido por otro que considere a las drogas como un problema de salud pública y no policial? No pretendo prefigurar respuestas, pero lo cierto es que el combate a sangre y fuego, por el cual claman algunos sectores sociales en México, ha fracasado. La prueba está en el continuo crecimiento que desde el sexenio de Felipe Calderón ha tenido el problema de las drogas.
Hoy se reprocha al gobierno de Andrés Manuel López Obrador el aumento de la violencia criminal y prácticamente se le exige volver a la guerra que ya probó su fracaso. Durante años he sostenido que tal “guerra” no resuelve el problema y que un combate efectivo no pasa por las armas, sino debe dirigirse a la inteligencia financiera, para golpear a la delincuencia en su fuerza principal: el dinero y los bienes comprados con él.
El gobierno de AMLO ha entendido el problema y no se ha empeñado en el camino bélico, sino ha dirigido la mirada del Estado a atender las causas de que cientos de jóvenes opten por la delincuencia como fuente de trabajo.
Y contra el panorama de un país en llamas por la violencia delincuencial, tan del gusto de la televisión comercial, hay avances importantes insuficientemente valorados. Dicho sea esto sin dejar de admitir que hay violencia focalizada en ciertas zonas del país, pero no en todo el territorio nacional.
Plus Online: Resultados buenos y poco valorados
En la lucha contra la delincuencia organizada, el gobierno mexicano ofrece buenos resultados, pero es claro que los continuos y cruentos choques entre grupos delictivos rivales, o entre delincuentes y fuerzas de seguridad, son de alto impacto e impiden un análisis justo de tales resultados que, sin embargo, ahí están.
Durante su participación en la Cuarta Cumbre de Jefes de la Policía de las Naciones (UNCOPS), en Nueva York, encuentro al que asistieron el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y ministros de seguridad de todo el mundo, Rosa Icela Rodríguez expuso los avances del gobierno contra la delincuencia y apuntó la necesidad de que, “así como se hizo con el desarme nuclear, los estados integrantes de Naciones Unidas pongan atención para que cese el tráfico ilegal de armas de fuego hacia los grupos delictivos”.
Explicó que los programas sociales destinados a evitar que los jóvenes sean reclutados por grupos delincuenciales, las prácticas preventivas como el desarme voluntario a cambio de dinero, las operaciones de inteligencia, entre otras acciones, han permitido lograr una reducción en casi todos los delitos del fuero federal y del fuero común durante el actual gobierno: los secuestros bajaron 70%, los robos disminuyeron 30%, el robo de vehículo descendió 47%, el robo de hidrocarburos bajó 94% y el homicidio descendió 19%.
Son muy buenas cifras, pero es claro que el impacto de los enfrentamientos y de la violencia criminal genera una suerte de nube vaporosa que dificulta su correcta valoración.
POR EDUARDO R. HUCHIM
COLABORADOR
@EDUARDORHUCHIM
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