En el umbral de un nuevo sexenio, México se enfrenta a la imperiosa necesidad de trazar un rumbo claro hacia un futuro más justo y equitativo para todos sus habitantes. La voz de diversas organizaciones campesinas e indígenas se levantan por un cambio radical en las políticas que afectan directamente a millones de personas.
Recientemente, en conjunto con líderes campesinos firmamos el "Llamamiento campesino e indígena por la soberanía alimentaria", presentado por organizaciones campesinas como la CNPA, UNTA, el Movimiento Social por la Tierra, y la CIOAC.
El llamado no solo denuncia los estragos provocados por décadas de políticas neoliberales, sino que propone un camino claro hacia un renovado pacto social que coloque el bienestar de los campesinos e indígenas en el centro de las decisiones gubernamentales.
El rechazo contundente al neoliberalismo durante el gobierno de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador sentó las bases para un cambio de paradigma. Es esencial que la legislación agraria se modernice y se consolide en un marco jurídico sólido, representado por un Código Agrario y un Código de Procedimientos Agrarios que garanticen la seguridad jurídica de los productores rurales.
En ese sentido, es necesario reconocer y fortalecer la interlocución con las organizaciones campesinas e indígenas, para la construcción de políticas públicas inclusivas y efectivas que atiendan las necesidades específicas de estos sectores históricamente marginados.
La propuesta de reformar el artículo 2 de la Constitución para ampliar los derechos de los pueblos indígenas, incorporando el derecho al territorio y a la consulta previa, refleja un compromiso genuino con la justicia social y la autonomía de estas comunidades. Asimismo, la creación de una banca de desarrollo agropecuario, orientada a ofrecer créditos accesibles y apoyo infraestructural, representa una medida concreta para revitalizar la producción primaria y asegurar la soberanía alimentaria del país.
Este llamado también reconoce la urgencia de abordar la devastación ambiental y la crisis climática, problemas interconectados que amenazan tanto la sostenibilidad ambiental como la seguridad alimentaria. La propuesta de una nueva política sobre el agua, busca poner fin a prácticas insostenibles como el mercado y las concesiones del agua, que han exacerbado la crisis hídrica en muchas regiones del país.
La crítica al extractivismo y la minería tóxica, así como la denuncia del dominio del crimen organizado en las zonas rurales, subraya la necesidad de un cambio profundo en las dinámicas de poder que han perpetuado la desigualdad y la violencia en estas comunidades.
Nuestra virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum tiene ahora la oportunidad histórica de responder a este llamado y liderar un gobierno que no solo escuche, sino que también actúe con decisión y empatía hacia las demandas justas de los sectores más vulnerables del país. La construcción de un nuevo pacto social no será fácil ni rápido, pero es un paso esencial hacia un México más justo, próspero y equitativo para todos sus ciudadanos.
POR JOSÉ NARRO CÉSPEDES
COLABORADOR
@NARROJOSE
MAAZ