El próximo 2 de junio, las urnas atestiguarán la democracia mexicana, donde cada voto forja el destino político de una nación. El proceso electoral no concluye con la emisión de los sufragios, sino que le suceden etapas importantes a cargo de las autoridades electorales.
En el caso de la elección presidencial: cómputos distritales, resolución de impugnaciones, cómputo definitivo y dictamen de validez. Todo el proceso debe envolverse en el espíritu democrático de los actores involucrados, hasta llegar a la aceptación de los resultados cuando todas las etapas e impugnaciones hayan sido resueltas.
Ahora, es conveniente hablar del propio día de la jornada, donde el entusiasmo de la población por sufragar es a menudo acompañado por la ansiedad colectiva de conocer los resultados lo más pronto posible.
En este afán por despejar las incógnitas electorales, el conteo rápido emerge como una herramienta poderosa y que representa el primer ejercicio de la autoridad para comunicar tendencias en los resultados. Si bien considero que su uso es necesario, éste debe ser comprendido en su contexto y limitaciones.
Han pasado 30 años desde que por primera vez en México se implementaron los conteos rápidos electorales, los cuales consisten en un procedimiento de inferencia estadística que se realiza a través de los resultados obtenidos de una muestra aleatoria de casillas.
Esta importante tarea se encuentra a cargo del Instituto Nacional Electoral para el caso de la elección presidencial, en donde se integra el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos compuesto por expertos estadísticos y en materia electoral. Los conteos rápidos son la linterna con la que el árbitro electoral ilumina el panorama de la habitación en la que se hallarán los resultados.
La aleatoriedad, selección y uso apropiado de las técnicas a implementar, genera resultados tan confiables y objetivos que su uso es común en todo tipo de industrias, en virtud de que, gracias a los métodos científicos, se obtienen resultados con plena certeza y objetividad.
Ahora bien, el conteo rápido es sólo la primera tarea que desarrollan las autoridades electorales después de la jornada electoral. Luego comienzan los cómputos distritales, cuyos resultados oficiales son publicados por el INE a más tardar el 8 de junio.
Posteriormente, las candidaturas y partidos pueden impugnar posibles irregularidades, iniciando así la labor de los tribunales electorales locales y del TEPJF para validar la legalidad de los resultados. En el caso de la elección presidencial, la fecha límite para que la Sala Superior del Tribunal Electoral resuelva todas las impugnaciones relacionadas con esa elección y haga el cómputo final es el próximo 6 de septiembre.
De este modo, en México, la certeza definitiva sobre la validez de una elección no reside únicamente en un conteo o cómputo aislado, sino en una ingeniería institucional de la que los tribunales electorales locales y federales son cruciales para asegurar la legalidad y legitimidad del resultado final. Es a través de este conjunto de decisiones de las instituciones electorales que se hará valer el voto de cada ciudadana y ciudadano que acudan a las urnas el próximo domingo.
POR REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN
MAGISTRADO DEL TEPJF
@REYESRDZM
MAAZ
