Dicen los especialistas en desigualdad social y dinámica poblacional que el progreso de una nación, no se mide por la riqueza de sus más afortunados, sino por la forma en como el Estado, trata a sus más vulnerables. Por lo que, para lograr este progreso, es imprescindible la inversión en infraestructura. O lo que en otras palabras podría entenderse, como la construcción de un piso mínimo de oportunidades para que las personas puedan desarrollarse de manera aceptable.
En este sentido, México enfrenta una situación compleja en términos de desarrollo económico y societal, marcada por contrastes significativos y desafíos persistentes, aunque también, por oportunidades de crecimiento y desarrollo. La falta de planificación estratégica efectiva puede ocasionar que los proyectos de infraestructura, que son necesarios para el crecimiento del país, no se desarrollen de manera óptima.
En este punto, hace falta una visión a largo plazo, un plan maestro de desarrollo que contemple una infraestructura que genere competitividad a la nación, fortaleciendo las tecnologías con reacomodos de las cadenas productivas y de valor.
Actualmente, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en territorio nacional, sólo el 70% de la población en áreas urbanas, tiene acceso adecuado a sistemas de transporte público, mientras que en áreas rurales esta cifra disminuye al 40%. Lo que significa que más de un tercio de la población que habita estas zonas geográficas, difícilmente pueden trasladarse con facilidad para realizar diversas actividades, a través del día.
Por si esto fuera poco, solamente el 50% de las personas de bajos ingresos tienen acceso a servicios de transporte público en un radio de 5 kilómetros desde sus hogares, lo que evidencia en demasía como la movilidad física, también esta establecida de manera desigual con relación a los beneficios económicos de las personas en este país.
En lugares con mayores ingresos, no solamente se encuentran toda una gama de servicios de comunicación de última generación, sino que, además, las personas no se preocupan por el transporte público, debido a que, en estos sitios, pueden acceder fácilmente a una amplia red de infraestructura que satisface esta clase de necesidades.
Para mitigar estas lacerantes realidades, debe existir un entorno político estable que privilegie el respeto al Estado de Derecho, ya que, este factor es crucial, para generar confianza económica y fomentar la inversión extranjera y nacional que el país requiere en estos momentos pensando en convertirse en una mejor nación en un futuro inmediato.
Por todo ello, la planificación y la ejecución de proyectos de infraestructura deben ser transparentes y estar basados en criterios técnicos, no políticos, que ayuden a garantizar que las obras respondan a las necesidades reales de la población y no a intereses partidistas. No se vale privar de transporte de calidad y bajo precio a miles de personas, solo porque no votaron, por tal o cual partido político. Tampoco voltear a ver hacia otro lado cuando las necesidades están ahí para atenderse y enfrentarse.
Es crucial que existan políticas transexenales que antepongan el interés nacional, sobre cualquier otro tipo de criterios en beneficio del crecimiento económico y el desarrollo sostenible para el futuro nacional inmediato. No se puede dejar de mencionar la necesidad de crecer y fortalecer la infraestructura de salud y educación, que son las más sensibles para las clases más vulnerables, ya que, también son un factor que influye directamente en la productividad y competitividad de la fuerza laboral de la nación.
La importancia de este argumento radica en lo mencionado por el Banco de México, el cual destaca que, por cada peso invertido en infraestructura de transporte, se estima que se generan 3 pesos adicionales en actividad económica, a través de la creación de empleo, el aumento de la productividad y la mejora del acceso a los mercados.
En consecuencia, con base en información proporcionada por el Estudio de Impacto Económico de la Infraestructura de Transporte, realizado por el Instituto Mexicano del Transporte, la reducción de los tiempos de viaje gracias a la mejora de la infraestructura de transporte podría aumentar el PIB del país en hasta un 2% en los próximos 5 años, debido a que atender esta clase de aspectos en la movilidad cotidiana de las personas con menores ingresos, impactará directamente en su calidad de vida y por ende en su productividad.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la mejora de la infraestructura de transporte puede reducir la desigualdad de ingresos hasta en un 15% al facilitar el acceso de las personas de bajos recursos a oportunidades de empleo y educación.
Por todo ello, es indispensable que el modelo de país y de vocaciones regionales sean tomadas en cuenta para la planificación de un programa de desarrollo de infraestructura a nivel nacional. que contemple los objetivos de inversión, cómo sufragar estos gastos y de qué manera hacer rendir los recursos públicos para generar progreso en el territorio nacional.
En este contexto, es imprescindible entender que el futuro de México está siendo escrito en la actualidad, y cada uno de los ciudadanos tiene un papel crucial en la redacción de sus líneas. Aunque el de sus autoridades es aún mayor. Harán falta efectivamente, más políticas públicas que busquen priorizar la construcción de una red de comunicaciones trascendente en la historia del país, que funja como un ascensor social o método de reducción de desigualdades sociales y económicas en aras del mejoramiento de la dinámica poblacional y por ende de la productividad de la economía local y regional.
Es tiempo de invertir con visión de Estado y órdenes prioritarios estratégicos.
POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES
PRESIDENTE DEL INAP
EEZ