Uno de los retos de toda autoridad electoral es mantener la imparcialidad en el trato a todos los actores de la competencia. Normalmente eso no es un problema y los partidos tienen herramientas jurídicas para hacer valer sus intereses en cada comisión del Consejo General, en la misma mesa de la máxima autoridad y en cada entidad y distrito en donde el INE tiene los consejos ciudadanos que toman las decisiones correspondientes a las localidades.
El problema surge cuando la parcialidad viene de fuera, en este caso del Presidente de la República, y el INE ejerce sus atribuciones como árbitro de la contienda. Para organizar elecciones, el INE es un experto y cuenta con el Servicio Profesional Electoral. Pero arbitrar la elección implica un esfuerzo más complejo que se refleja en la fiscalización de los gastos de campaña y en la atención a cada queja que se presenta. La equidad en el trato a cada controversia se vuelve fundamental y la acumulación de faltas sí importa a la hora de sacar las tarjetas amarillas y rojas.
Por eso, no es menor el hecho de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE haya aprobado que Lilly Téllez deba dejar su espacio en el noticiario de Ciro Gómez Leyva, o que se solicite borrar la palabra “narco-candidata” de las grabaciones del segundo debate. Sin duda se esgrimieron sólidos argumentos jurídicos para fundar y motivar esas decisiones. Existen precedentes en sentencias anteriores del Tribunal Electoral que orientaron las decisiones de las consejerías que resolvieron. A pocos días de la elección, se consideró que esa era la decisión correcta.
El problema es que, en el contexto de abierta intromisión del Presidente de la República en la elección a favor de su candidata, el INE se muestra muy enérgico y escrupuloso para detener semejantes atropellos, y ante el Presidente sólo se argumenta, junto con el Tribunal Electoral, que no hay atribuciones expresas para detener las mañaneras. Sin duda caben otras interpretaciones que habrían mostrado mayor equidad, más allá de las medidas cautelares.
Si el argumento es que Lilly Téllez adquirió (que no compró) tiempos en los medios, lo mismo habría ocurrido en el caso de las mañaneras con los candidatos de Morena que se benefician del discurso presidencial. Los medios ofrecen mesas para confrontar puntos de vista de representantes directos de las campañas a la Presidencia. ¿Ellos también están adquiriendo tiempo a favor de sus candidaturas?
Más allá del fondo de ambos asuntos, que le corresponde juzgar al Tribunal Electoral, las medidas cautelares tomadas no abonan a una percepción de imparcialidad que hoy más que nunca debería cuidar el INE. A nadie le conviene que una elección se realice bajo la percepción de que no hay piso parejo. Estamos a 16 días de la jornada electoral y tenemos un debate de por medio. Al parecer aún vendrán decisiones polémicas con más quejas en el camino. Ojalá las decisiones arbitrales convenzan y generen certezas.
POR ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
PROFESOR INVESTIGADOR, ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y GOBIERNO
TECNOLÓGICO DE MONTERREY
@ARTUROSANCHEZG
MAAZ