La calificación de la próxima elección presidencial está en riesgo. Está en riesgo de ser irregular, y aun ilegal o alegal, porque no está integrado totalmente el órgano que debe realizarla, debido a la grave omisión en que ha incurrido el Senado de la República al no designar a los magistrados faltantes de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Si bien la Sala Superior puede sesionar válidamente con cuatro integrantes, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone un quórum de al menos seis de sus integrantes para “hacer la declaración de validez y de Presidenta o Presidente electo” o “para declarar la nulidad de la elección”.
El problema es que, en sentido estricto, el quórum de al menos seis no se puede cubrir en la actualidad, porque la Sala Superior NO TIENE más que cinco integrantes, habida cuenta de que integrantes son sus magistrados nombrados por el Senado de la República y ningunos otros.
Es decir, si el Senado no designa a la magistrada y el magistrado que cubran las dos vacantes de la Sala Superior, o al menos una de ellas, el TEPJF, en rigor, está imposibilitado de calificar legalmente la elección presidencial, para la cual es necesaria la presencia de al menos seis de sus integrantes. El Tribunal tampoco podría declarar la nulidad de la elección, que en algunos círculos de la alianza opositora ya se prevé solicitar, si su candidata pierde la elección.
Comoquiera, la calificación presidencial tendría que ser resuelta por la Sala Superior de alguna manera, pero ninguna solución le quitaría lo irregular. Cabría preguntarse, con Juan Gabriel, ¿pero qué necesidad hay de arrojar una sombra de irregularidad sobre la calificación de la primera presidenta de México?
Alguien poderoso en los círculos ejecutivos, legislativos y/o partidarios supone que es bueno mantener incompletas la Sala Superior y las salas regionales del TEPJF, pero resulta cuestionable tal suposición porque, además de lo aquí señalado, hay una realidad que se está soslayando: la Sala Superior está inmersa en una división- confrontación de bloques 2-3 y el control lo tiene un triunvirato, en particular los Felipes (De la Mata y Fuentes), quienes, desde mi óptica, son los menos confiables de los cinco, y todo ello en un ambiente donde las historias de acoso sexual y laboral van y vienen.
Por si fuera poco, se avizora -para antes de la calificación presidencial o poco después- una nueva sustitución anticipada en la
presidencia del TEPJF. Sin duda, la incorporación de dos integrantes a la Sala Superior tendría efectos positivos, tanto en lo jurisdiccional como en la alterada cotidianidad tribunalicia.
Desde hace más de 7 meses, en septiembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia envió al Senado dos sólidas ternas, una de hombres y otra de mujeres, para designar a los nuevos integrantes de la Sala Superior. ¿Se convocará a un período extraordinario de sesiones para corregir la grave omisión?
Plus Online: magistrados suplentes
Si se mantiene la omisión del Senado, no hay norma expresa aplicable para superarla, pero como el TEPJF no puede dejar de realizar la calificación presidencial, los magistrados tendrían que aplicar disposiciones para otros supuestos y escoger, conforme a la Ley Orgánica del PJF, por lo menos a un sexto magistrado(a) de sala regional para que participe en tal calificación.
Esta magistrada(o) sería quien tuviera mayor antigüedad o, en su caso, mayor edad. La ley no precisa si se trata de antigüedad en el Tribunal Electoral, que es la interpretación que se ha dado anteriormente, o antigüedad en el Poder Judicial. Suponiendo que se aplique el criterio usado anteriormente, hay cinco candidatas(os):
Gabriela Eugenia del Valle Pérez (Guadalajara), Claudia Valle Aguilasocho (Monterrey), Enrique Figueroa Ávila (Xalapa), María Guadalupe Silva Rojas (Ciudad de México) y Alejandro David Avante Juárez (Toluca). Y usando la edad como criterio de desempate, la llamada sería Del Valle Pérez.
La presidenta del TEPJF, Mónica Soto, declaró el pasado 13 de mayo que la decisión sobre quién será llamado se tomará entre el 3 de agosto y el 6 de septiembre. También dijo, con razón, que después de la elección del 2 de junio, el Senado podría elegir al sexto magistrado.
Soto habló en la inauguración de la nueva sala de prensa del TEPJF, a la que también asistieron los Felipes, pero no Janine Otálora ni Reyes Rodríguez, en una nueva prueba de que se equivocan quienes suponen que la máxima autoridad en materia electoral funciona con normalidad.
POR EDUARDO R. HUCHIM
COLABORADOR
@EDUARDORHUCHIM
MAAZ