Si la corrupción es una enfermedad, la transparencia es una parte medular de su tratamiento. Kofi Annan.
En la torre de marfil del sentido común se guarecen los bien pensantes, esos autodenominados ciudadanos críticos, que defienden los privilegios que atesoran, así sea por lo menos dudoso que los merezcan o en caso de hacerse acreedores a ciertos beneficios administrativos más que legales, incapaces de preguntarse sobre la legitimidad ética de semejantes recompensas, desde su cómoda posición de juzgadores absolutos de los extraños y nunca de los propios. En ciertos casos y para determinadas y escasísimas personas si hemos alcanzado el estatuto de bienestar y desarrollo danés, por caso el espinoso asunto que involucra a María Amparo Casar en relación con el deceso de su esposo.
En un país como el nuestro cuya población está marcada escandalosamente por la pobreza: 46.8 millones en 2022 según CONEVAL, mientras de acuerdo a cifras del INEGI en junio de 2021, la mayor parte de los mexicanos recibe en promedio un sueldo de 7 mil 380 pesos mensuales; en segundo lugar, el sueldo más común es de 3 mil 690 pesos y la media se ubica en los 11 mil pesos. ¿Nos parece justo, moralmente pertinente, que alguien obtenga 124 mil 948 pesos mensuales de pensión por una muerte calificada de accidente de trabajo con solo cuatro meses de antigüedad en el empleo? La beneficiaria puede aducir con razón que esas son las condiciones establecidas por la institución a la que pertenecía el difunto, cierto. Eso no invalida la necesidad de preguntarse sobre si es o no correcto; más aún si en verdad, como lo aduce el gobierno, la liberación de tales canonjías se efectuó antes de contarse con el dictamen pericial que corregía el concepto de la defunción: de accidente de trabajo a suicidio.
En paralelo surgen legítimas preocupaciones respecto al tono del replanteamiento del caso revisado por la entidad pública, su desahogo en la plataforma mediática de lo que se conoce popularmente como “las mañaneras presidenciales” y más allá de la falta de tacto, inquirir si se vulneró o no el derecho a la privacidad al ventilarse datos personales de la académica y activista en temas, justo, de combate a la corrupción, en principio reservados por mandato jurídico. Información que tratándose de una denuncia levantada y una averiguación en proceso pierde su carácter secreto o reservado.
Muchas preguntas y procedimientos hasta hace poco desconocidos para abordar asuntos con reconocibles componentes políticos. Hemos degradado el debate nacional, subordinándolo a la mezquindad del corto plazo. Tirios y troyanos se empeñan en conquistar simbólicamente posiciones (en teoría) generadoras de sufragios electorales. El descontrol sobre la proliferación de encuestas y sondeos de opinión que, en apariencia, no se ciñen a criterios formales fijados por la autoridad competente, sino a las demandas y necesidades del mercado electoral. La variación de los resultados arrojados por estos instrumentos resulta, por decir lo menos, escandalosa, pareciera además que ello no tuviera importancia alguna ni para los responsables de calificar dichos procesos ni para la propia ciudadanía. Todo ello sin detenernos en la vulgaridad de las descalificaciones mutuas entre los actores involucrados.
Y eso que a pesar de mi ingenuidad no me adhiero al llamado de Juan Jacobo Rousseau a hacer de la piedad el eje de orientación de la política. Me pone a reflexionar Séneca: “La religión es considerada por la gente normal como verdadera, por la gente sabia como falsa y por los gobernantes como útil”. ¿Será que todo asunto está sujeto a la opinión atrevida de la sabiduría popular?
POR LUIS IGNACIO SÁINZ
COLABORADOR
SAINZCHAVEZL@GMAIL.COM
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