El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, viola nuevamente la ley al filtrar datos personales de María Amparo Casar. El primer garante de proteger y cumplir con los deberes y obligaciones previstos en la normatividad es el gobierno.
Debido a esta filtración, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), inició una investigación de oficio por la divulgación de datos personales de la presidenta Ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar.
Es evidente que los datos publicados por la Oficina de la Presidencia de la República el pasado 3 de mayo, contienen datos relacionados por vínculos de parentesco, que identifican o hacen identificables a diferentes personas físicas, con lo que se viola la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
En 2004, el coordinador de asesores de la Dirección Corporativa de Administración de PEMEX, Carlos Fernando Márquez Padilla García, falleció al caer de una ventana del piso 12 del edificio A de la paraestatal.
Su cónyuge, María Amparo Casar Pérez, solicitó el pago del seguro de vida, ayuda con los gastos funerarios, pensión post mortem para sus hijas y para ella de aproximadamente 124,938 pesos mensuales. Lo que, en su momento, fue aceptado por PEMEX, ya que el suceso se consideró como un accidente, omitiendo el dictamen pericial.
Según el dictamen en materia de Criminalística se concluyó que ninguna persona privó de la vida a Carlos Fernando, sino que él se quitó la vida. Debido a lo anterior, se suspendieron las prestaciones a María Amparo Cazar y se realizaron las denuncias correspondientes.
Actualmente el caso sigue en trámite para recuperar los montos pagados indebidamente, los cuales ascienden a mas de 31 millones de pesos. Según el director general de la paraestatal, Octavio Romero Oropeza, el caso ya fue denunciado penalmente y se espera que la beneficiaria restituya ese dinero a la nación.
El error de los entonces funcionarios de la paraestatal fue darle el tratamiento de accidente, sin contar con el dictamen pericial del Ministerio Público, quien finalmente resolvió que había sido un suicidio.
El caso es delicado, ya que aparentemente se trata de un caso de corrupción por quien dice combatirla. Es cierto, las cosas no están claras, hay poca transparencia y existió desaseo por quienes manejaron en su momento el suicidio de Carlos Fernando como un accidente.
Por su parte, María Amparo Casar ha confirmado que la pensión vitalicia le fue pagada hasta febrero pasado, incluso afirmó que tiene derecho a la misma y se dijo víctima de una venganza de López Obrador.
En principio pareciera que a PEMEX y a su director general les asiste el derecho, pero tendrán que ser las autoridades competentes quienes determinen en última instancia quien tiene la razón.
Independientemente de que María Amparo Casar tenga derecho o no a cobrar lo que cobró, es fundamental que el INAI investigue y, en su caso, sancione a quienes dieron a conocer los datos personales contenidos en más de 300 páginas sin testar que difundió la Presidencia de la República en el caso “Márquez Padilla”.
No me vengan con “la ley es la ley”, es fundamental que regresemos a un estado derecho en donde se aplique sin distingos la misma, trátese de quien se trate.
POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO
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@EDUARDO84888581
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