La gestión del dinero público es alarmantemente derrochadora, comparable incluso a los peores momentos de administraciones pasadas, como las de Luis Echeverría y José López Portillo. El despilfarro en gastos clientelares y proyectos faraónicos inútiles es un claro ejemplo del populismo en su máxima expresión.
Los fideicomisos públicos están siendo vaciados, los fondos de previsión y ahorro están siendo agotados, y los proyectos faraónicos son verdaderos barriles sin fondo, con un costo enorme para los mexicanos.
Ahora, el objetivo es apropiarse de las pensiones de los funcionarios judiciales y de los ahorros del Poder Judicial Federal, que representa un contrapeso al poder presidencial. El Gobierno federal pretende financiar su oscuro Fondo de Pensiones del Bienestar utilizando estos recursos. Inicialmente “destinados” a la reconstrucción de Acapulco tras el huracán "Otis", ahora el Presidente López Obrador busca respaldar su nuevo plan de pensiones con esos recursos.
La reforma propuesta en octubre de 2023 para extinguir los 11 fideicomisos fue detenida en diciembre por el Ministro Javier Láynez, y parece que será revocada por el Pleno de la Corte en respuesta a una acción legal de legisladores de la oposición. Además, los intentos de la Presidenta de la Corte, Norma Piña, de negociar con el Gobierno para destinar fondos a la reconstrucción de Acapulco han sido obstaculizados por suspensiones judiciales.
Solo algunos fideicomisos serán entregados al Gobierno, con un total de 2 mil 590 millones de pesos. Sin embargo, otras fuentes de financiamiento del Fondo de Pensiones para el Bienestar muestran recursos mínimos o difíciles de prever, como los remanentes de ventas de bienes del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) y las ganancias potenciales de empresas paraestatales militares.
El Fondo de Pensiones para el Bienestar, en teoría, podría ser económicamente razonable al complementar las pensiones de aquellos que cotizaron en Afores desde 1997. Sin embargo, la eficiencia y eficacia del gobierno en la gestión de estos fondos es cuestionable. Financiar este fondo quitando recursos de otros rubros como fideicomisos públicos refleja la falta de transparencia y el derroche en el gasto público de este gobierno.
Además, la reducción de la edad de jubilación y el aumento irresponsable del salario mínimo plantean preocupaciones económicas a largo plazo. La viabilidad económica de estas políticas y el mal manejo financiero del gobierno, nos dan el horizonte de hacia dónde se dirigirán los recursos de las Afores; el barril sin fondo de un gobierno populista.
POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI
ABOGADO
@JOSE_LAFONTAINE
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