En una democracia las elecciones son el mecanismo idóneo para la renovación pacífica del poder público, en donde la ciudadanía, a través de su voto libre y secreto, determina quiénes van a gobernar en los años próximos.
En esa lógica, preocupa la escalada de violencia que aqueja a los procesos electorales. Según datos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en las elecciones de hace tres años se registraron 36 candidaturas asesinadas, que constituye lo más grave de entre los cientos de agresiones en contra de personas políticas que se presentaron.
A escaso un mes de que se celebre la jornada electoral del que está siendo el proceso electoral más complejo de nuestra historia, llevamos 30 candidaturas asesinadas. Integralia, en su segundo reporte sobre violencia política, con corte al 1º de abril, reporta 399 víctimas de violencia política, lo que ya lo coloca como el proceso electoral más violento de la historia de nuestro país.
La autoridad electoral cuenta con un protocolo para prevenir factores de riesgo, por lo que turna escritos relacionados con este aspecto a las autoridades competentes en materia de seguridad, para que sean éstas las que tomen cartas en el asunto, pero su actuación, a decir verdad, deja mucho que desear.
De por sí rebasadas en el combate de la delincuencia organizada que cada día más se apodera del territorio nacional, reciben el mensaje del titular del Ejecutivo federal, en su persistente e ilegal intromisión en el proceso electoral, de que vamos “bien, bastante bien, requetebién. Todos bien portados”. Eso es tapar el sol con un dedo, y negar su fracaso en materia de seguridad.
La información es alarmante. Deteriora la democracia e inhibe la participación ciudadana. Muestra de ello es la deserción de actores políticos. Este fin de semana ocupó algunas primeras planas la noticia de la desbandada de más de doscientas candidaturas en Zacatecas, por razones que el instituto electoral local aún no informa, aunque ya hay pronunciamientos sobre violencia política de género.
Un dato más. La semana pasada, la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México dictó medidas cautelares, a fin de que algunos actores políticos y medios de comunicación se abstuvieran de realizar publicaciones de carácter calumnioso sin sustento jurídico en contra de Santiago Taboada.
La resolución evidentemente disgustó a sus contrincantes y provocó una serie de injustificadas agresiones en redes sociales dirigidas contra Erika Estrada y Mauricio Huesca, quienes votaron a favor de la medida cautelar, particularmente algunas verdaderamente insultantes y que constituyen violencia política de género en contra de la primera.
Sobre el particular, el instituto del que forman parte emitió un comunicado repudiando cualquier amenaza, intimidación y acto de violencia. Hubiera gustado un pronunciamiento más enérgico. No obstante, me sumo al llamado a la civilidad y les expreso mi solidaridad a ambos.
Ante este panorama, la solución está precisamente en lo que se trata de inhibir: una participación masiva y decidida de la sociedad mexicana. Salgamos a votar todas y todos este 2 de junio, por la opción que cada quien decida, por un México libre de violencia.
POR GABRIEL MENDOZA ELVIRA
ABOGADO CONSULTOR
@GMENDOZAELVIRA
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