La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una poderosa herramienta capaz de analizar grandes cantidades de información en poco tiempo, identificar patrones o copiar características de una persona, a tal grado que dejan serias dudas de si se tratan de imágenes o audios reales o manipulados.
El campo de acción de la IA se ha expandido incluso al ámbito político, en donde puede servir como herramienta para el análisis de la preferencia del electorado, conocer el historial de votación o las tendencias políticas en redes sociales y, con base en ello, plantear estrategias que enriquezcan el debate político y garanticen una adecuada calidad de nuestra democracia.
Pero también existe el riesgo de que la IA sea utilizada como un mecanismo para las llamadas “guerras sucias”, en donde se busque desprestigiar alguna candidatura con base en información manipulada –fotografías, audios o videos– que, por el contrario, vulneren los principios democráticos y provoquen una oleada de desinformación que sesgue el ejercicio del derecho al voto, sin dejar de señalar la vulneración de datos personales, como lo es la propia imagen o la voz.
Ante este panorama, es necesario resaltar tres aspectos: el primero de ellos, que es indispensable que las y los operadores jurídicos se actualicen en materia de IA, pues solo comprendiendo cómo funciona, qué papel tiene el ser humano en dicho proceso y cuáles son sus alcances se puede contar con las herramientas necesarias para adentrarse jurídicamente en el tema.
El segundo, es identificar qué es real y qué es mentira. Un claro ejemplo es la imagen viral del Papa Francisco usando una chamarra capitonada, la cual tenía apariencia real y fácilmente podrían pasar como tal frente a una persona que desconozca el uso de la IA.
Finalmente, los tribunales electorales se enfrentarán también al desafío de juzgar haciendo uso de aquellas normas jurídicas ya existentes que, valga la pena señalarlo, poco –por no decir nada– regulan el uso de IA, de tal suerte que deben jugar un papel flexible que permita un debate político robusto, pero estricto cuando se advierta la manipulación de información que vulnere los principios democráticos.
Y junto a ellos, el papel de los órganos garantes del derecho a la protección de datos personales también será importante, al identificar y, en su caso, sancionar aquellas violaciones a dicha información cuando haya sido utilizada sin el consentimiento de la persona titular.
Sin duda alguna, uno de los aprendizajes que dejará el actual proceso electoral será la necesidad de abordar estas inquietudes y establecer marcos normativos que protejan los principios democráticos y la protección de datos personales. La IA puede ser una gran aliada durante las campañas electorales, pero su uso debe pasar por un escrutinio jurídico riguroso que garanticen su uso adecuado.
POR ARISTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DE LA CDMX
EEZ
