Como lo he comentado en este generoso espacio de El Heraldo, en Israel se confeccionó un esfuerzo por derruir los cimientos del Poder Judicial, mediante una reforma que dejaba a éste como mero testimonio inerme de la acción legislativa y gubernamental.
Israel, como Estado contemporáneo relativamente joven –a pesar de ser una nación milenaria–, definió claramente la idea de lo qué quería ser: una democracia parlamentaria. Ante los embates autoritarios se desató la reacción social en apoyo a la idea de que la democracia exige pesos y contrapesos los cuales, en más de las veces, corresponde ponerlos en marcha al Poder Judicial. Esa misma sociedad civil expresó su apoyo a un duro crítico del gobierno de Netanyahu: el octogenario juez Aharon Barak, como lo describe Maya Siminovich en un interesante artículo en La Razón, de finales de enero 2024.
Desde hace un año, quien fuera el presidente de la Corte Suprema de Israel, ya enfilaba sus razones contra la reforma judicial: “si estos planes se llevan a cabo, tendremos una democracia formal sin equilibrios. En realidad, sólo tendremos un poder del Estado, y eso no es una democracia”. Sin grandes alocuciones teóricas, ni discursos políticos, el viejo juez Barak discurría con sentido práctico frente a leyes o decisiones inconstitucionales: “una sentencia judicial que protege a los ciudadanos como ciudadanos, que nos protege a usted y a mí como ciudadanos, puede ser anulada por la misma mayoría que la aprobó [la ley o decisión inconstitucional] en primer lugar. Seguiremos teniendo democracia, pero será una democracia hueca”.
La historia entre Netanyahu y Barak tiene antecedentes: la negociación de un acuerdo de culpabilidad del primer ministro por fraude y abuso de confianza. Frente a las opiniones del juez sobre la reforma judicial, el político se encargó de envenenar el ambiente a través de sus hordas para que vociferaran insultos delante de la casa de Barak, del honorable gran juez de 86 años.
Ante esta situación, parecería que Netanyahu no tendría o no quisiera tener mayores tratos con el jurista. Sin embargo, la reciente acusación formalizada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia en diciembre pasado en contra de Israel, por genocidio cometido en contra de la nación palestina ha dado un giro sorprendente. El juez Aharon Barak fue designado por el gobierno de Israel, sí así es, por el mismo encabezado por Netanyahu, para integrar el panel como juzgador ad hoc en este caso cuya acusación de genocidio es gravísima por sí sola y por la carga histórica que representa.
La autoridad y estatura moral de Barak es la única razón por la que, a pesar de todo pronóstico, será quien represente a Israel. Los antecedentes personales y profesionales de alguien como Aharon Barak lo dicen todo: superviviente del holocausto, miembro de un comité que investigó una masacre contra palestinos que le costó el cargo al ministro de Defensa israelí, Ariel Sharon, revisor legal de los acuerdos de paz con Egipto en 1978, y una larga lista de resoluciones judiciales históricas.
Todo se resume en algo tan simple que las mayorías furiosas no comprenden: la autoridad moral del juez.
POR JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA
MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
PAL