La extinción de organismos autónomos en México es un tema relevante en el contexto político actual. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una reforma constitucional para desaparecer algunos organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Esta propuesta ha generado un debate sobre la importancia y función de estos organismos en la democracia mexicana. En mi opinión, no se trata de desaparecer instituciones burocráticas, sino de quitarle a los ciudadanos mexicanos el derecho constitucional de acceso a la información pública, quitarnos el derecho a saber en qué y cómo gasta el gobierno. ¿Se pueden cancelar derechos reconocidos por la Constitución? ¿Es eso un ejemplo de regresión democrática?
Los organismos autónomos son instituciones públicas independientes de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Tienen autonomía funcional, presupuestal y de gestión, lo que les permite actuar de manera independiente. Por ejemplo, el INAI garantiza el derecho de acceso a la información pública, la Cofece promueve la competencia y la libre concurrencia en el mercado, y el IFT regula las telecomunicaciones y la radiodifusión.
La propuesta de desaparecer estos organismos ha generado preocupación entre quienes consideran que son necesarios para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y ser un contrapeso al Poder Ejecutivo. Los defensores de los organismos autónomos argumentan que son fundamentales para garantizar derechos de los ciudadanos y evitar abusos de poder.
Por otro lado, el presidente López Obrador ha argumentado que estos organismos son formas de corrupción institucionalizada y que su extinción permitiría lograr ahorros significativos. La reforma enfrenta desafíos en el Congreso, donde el presidente no cuenta con mayoría calificada necesaria para cambios constitucionales.
En este momento en el que estamos por atender a la elección más grande de la historia de México, en donde se elegirá a un nuevo Jefe del Ejecutivo, además se renovarán aproximadamente veinte mil cargos de representación popular a nivel federal, estatal y municipal, incluyendo la elección de nueve gobernadores, así como la renovación del Congreso de la Unión, la cual comprende quinientos diputados federales y trescientos senadores. También habrá elecciones en dos mil cincuenta y nueve ayuntamientos a lo largo del territorio nacional y dieciséis alcaldías en la Ciudad de México. Por lo tanto, es de gran interés para todos, las consecuencias democráticas que podría tener la continuidad de un régimen que propone cambios drásticos electorales, así como al orden republicano.
POR JORGINA GAXIOLA
COLABORADORA
PAL