En febrero de 2019 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación emitió una sentencia que determinó que las personas en prisión preventiva, que no hayan recibido sentencia, mantienen a salvo su derecho a votar bajo el principio de presunción de inocencia; razón por la que se ordenó al INE realizar una prueba piloto en la elección intermedia del año 2021, la cual serviría de antecedente de las que se realizarán oficialmente a partir de 2024.
Lo anterior fue posible gracias a que dos personas que se auto adscriben como indígenas tsotsiles, internas en el penal “El Amate” de Cintalapa Chiapas, solicitaron en 2018 se garantizara su derecho al sufragio.
Para la prueba piloto de 2021 se escogieron cinco Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS), uno por entidad federativa que correspondiera a una circunscripción electoral, siendo así seleccionados los Centros número 11, 12, 15, 16 y 17 correspondientes a las entidades de Sonora, Guanajuato, Chiapas, Morelos y Michoacán, respectivamente. El voto se realizó de manera anticipada el 17 de mayo de ese año, previo a la jornada electoral, mientras que el escrutinio y cómputo de los votos se realizó el 6 de junio.
En las elecciones locales de 2022 y 2023 se realizaron ejercicios similares en los estados de Hidalgo, Coahuila y Estado de México, en los que las personas privadas de su libertad pudieron ejercer el voto, ya sea por la gubernatura o candidatos a diputados locales.
De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional del mes de diciembre de 2023, en México existen 285 centros carcelarios de los cuales 14 están a cargo del gobierno federal, 218 dependen de gobiernos estatales y 13 del Gobierno de la Ciudad de México, los albergan a una población total de 231, 906 personas; 218, 765 son hombres y 13, 141 son mujeres.
De acuerdo con la sentencia antes mencionada, el voto en prisión preventiva será progresivo por lo que beneficiará consecutivamente a más personas privadas de su libertad en los subsecuentes procesos electorales.
En octubre del año pasado el INE aprobó los “Lineamientos, el Modelo de Operación y la Documentación Electoral para la Organización del Voto de las Personas en Prisión Preventiva en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024”, en el que se espera atestiguar el sufragio anticipado de unos 92 mil 792 personas que se encuentren en prisión preventiva en 282 centros del Sistema Penitenciario nacional y que en esta ocasión podrán votar por la presidencia de la República.
La garantía del derecho al voto de las personas privadas de su libertad es sin duda un avance del Estado mexicano, un esfuerzo en el que concurren diversos órganos y autoridades para hacer efectivo el derecho al sufrago de ciudadanos que no han recibido sentencia estando en prisión.
POR ABELARDO RODRIGUEZ
COLABORADOR
MAAZ