La semana pasada se aprobó la reforma constitucional que desaparece algunos órganos constitucionales autónomos y organismos públicos descentralizados. El discurso y motivación del decreto me parece mera demagogia, pues el dictamen está plagado de afirmaciones carentes de sustento. Se dice que la reforma se apega a la política de austeridad republicana y buena administración pública, entendida desde una visión humanista, lo que ello signifique.
En teoría, la reforma busca evitar dispendio de recursos y duplicidad de funciones, para que se “retome el camino del crecimiento con austeridad y sin corrupción, disciplina fiscal, cese al endeudamiento, … creación de empleos, … separación de poderes,” entre otros.
En el dictamen no se da argumento alguno que sustente ni explique tales afirmaciones. No se dice cuanto será el ahorro al gasto público, cómo es que habrá menos corrupción, cuáles son las atribuciones duplicadas, qué endeudamiento generan esas instituciones, cómo es que interfieren en la disciplina fiscal, o bien, cuántos empleos se crearán con la extinción de dichos órganos. ¿No se supone que se busca un ahorro presupuestario?
Hay que decirlo con claridad, la reforma no busca ni logrará lo que dice. En realidad la pretensión, lejos de fortalecer la separación de poderes, es nuevamente la acumulación de poder en el Ejecutivo Federal, al concentrar más atribuciones en secretarías de Estado. El hiperpresidencialismo contra el que se luchó por décadas está regresando. Lo paradójico es que participen en ello varios de sus acérrimos críticos.
Quizá el caso que más llama la atención y preocupa sea el del INAI. Tan solo unos ejemplos. Primero, sus funciones no las tenía en secretaría alguna. Recordemos que el entonces IFAI nace ante la necesidad de una mejor rendición de cuentas, para que el gobierno transparente su actividad y que cualquier persona pueda tener acceso a documentos públicos. Obligaciones y derechos entonces novedosos.
Posteriormente se le atribuye también la salvaguarda de los datos personales, facultad que tampoco tenía alguna secretaría. Así, se trata de una institución que tutela el ejercicio de derechos humanos y obliga a entes gubernamentales a respetarlos. Pues bien, ahora resulta que tiene atribuciones duplicadas y su función es un dispendio innecesario. ¿Será?
Segundo, sus funciones pasarán a la recién renombrada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que concentrará atribuciones para la contratación consolidada de bienes, arrendamientos y servicios de todo el gobierno federal, de auditoría a dichos procedimientos y, finalmente, para determinar la publicidad de la información correspondiente. Por simple sentido común, no es sano que quien gasta sea el que se audite y además decida si la información correspondiente se hace pública o no. ¿Cómo es que eso evita actos de corrupción?
Finalmente, tampoco parece una buena idea que la custodia de los datos personales en manos de particulares y del Estado recaiga en el Ejecutivo federal, que emana de un partido político con el legítimo interés de seguir ganando elecciones, pues existe el grave riesgo de que indebidamente sean utilizados para ese fin. Espero equivocarme, pero el panorama no es alentador.
POR GABRIEL MENDOZA ELVIRA
ABOGADO CONSULTOR
@GMENDOZAELVIRA
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