Antes del cierre del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, como es su obligación, aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025.
Desafortunadamente y sin sorpresas, dicho documento refrenda la política de concentración de poder en manos del Legislativo y Ejecutivo federales, a costa del debilitamiento del maltratado Poder Judicial y los todavía existentes órganos constitucionales autónomos.
Lo primero que hay que resaltar es la opacidad con que se conducen. En el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, que sirviera de base para la discusión, no se señalan los montos del presupuesto proyectado para las Cámaras del Congreso. Del boletín de prensa se advierte una supuesta reducción de 540.5 millones pesos con respecto al año anterior, “que corresponden a mantener el nivel real de gasto”, esto es, solamente redujeron una cantidad similar a lo que no se gastaron en 2024. Habría que analizar las razones del subejercicio.
Por su parte, el presupuesto para el Poder Judicial federal (PJF), que enfrenta una reestructura sustancial y el despido masivo de centenares de personas servidoras públicas, se ve reducido en un 9.37% con respecto del ejercicio previo, lo cual indica la prioridad que para este gobierno, que predica el humanismo político, tiene la impartición de justicia.
Al INE, que tiene a su cargo la organización del proceso electoral de ministros, magistrados y jueces federales y locales, derivado de la reciente reforma constitucional, se le impone un recorte del 17.60% con respecto al año que termina, lo que incluye la no aprobación de los más de 13 mil millones que se solicitaron para dicho procedimiento. ¿No que se iba a fondear con los fideicomisos del PJF? Obvio, eso no es jurídicamente posible.
El mensaje no brinda buenos augurios. Se trata de un proceso electoral que no debiera minimizarse. Es la elección de uno de los tres poderes de la Unión que merece el mismo tratamiento que los otros dos. No existe justificación lógica alguna para determinar que la elección de la Presidencia y legisladores sea de primera clase y la de quienes imparten justicia de segunda, en el mejor de los casos.
Hay que decirlo con claridad: no se aprobó ni un centavo para la celebración de ese ejercicio electivo. El INE tendrá que recortar gastos operativos para organizarlo con medidas similares a las que se tomaron cuando la revocación de mandato que, dicho sea de paso, fue un fracaso como ejercicio de participación ciudadana. Tendremos un proceso electoral deficiente y de mala calidad. Lo que lleva a pensar que presenciaremos un ejercicio de simulación para que lleguen a esos puestos solamente quienes determinen los Comités de Evaluación conformados por la fuerza política mayoritaria.
Del presupuesto asignado a los órganos autónomos que pronto se extinguen, como la COFECE, el IFT y el INAI, poco queda que decir, al tener una reducción de más del 65%, pues las funciones no desaparecen, sino que se reasignan. De manera que la preocupación se enfoca a la protección de los derechos laborales de quienes conforman esas instituciones, que en teoría deben respetarse, incluidas las liquidaciones de ley.
Pocas son las herramientas jurídicas que brindan contrapesos al poder hegemónico que nuevamente enfrenta nuestro país y el panorama no es promisorio. Esperemos que el 2025 nos traiga mejores noticias. ¡Felices fiestas!
POR GABRIEL MENDOZA ELVIRA
ABOGADO CONSULTOR
@GMENDOZAELVIRA
PAL