A lo largo de 107 años, nuestra Constitución Política de 1917 ha sido un pilar fundamental en la construcción del Estado democrático y de derecho en México. Este documento normativo establece, entre otros componentes, los principios jurídicos y políticos que guían la organización del Estado,los alcances de nuestra soberanía, la división de poderes y el respeto a los derechos fundamentales que van acorde con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La Constitución también contiene las obligaciones y los derechos de las y los ciudadanos que garantizan libertades individuales y colectivas; define la estructura del gobierno y las atribuciones de los poderes y las instituciones del Estado, elementos esenciales para el funcionamiento de una democracia.
De igual manera, nuestra Carta Magna de 1917 define los mecanismos de control y equilibrio entre los poderes del Estado, asegurando que ninguno de ellos sobrepasara sus atribuciones.
Sin embargo, desde que Morena se hizo del Poder Ejecutivo en 2018,la destrucción de aquella Constitución que ha sido un referente en la lucha por la justicia y la separación de poderes como principio clave para garantizar una estabilidad social, política y económica, se ha multiplicado en contra de los intereses del principal factor de un sistema democrácito: su ciudadanía.
Nuestra Constitución enfrenta serios desafíos. Uno de los más preocupantes es la forma en que Morena a través de sus legisladoras y legisladores en el Congreso de la Unión han interpretado y reformado sus principios básicos.
En particular, el partido Morena ha sido objeto de críticas por sus intentos de reformar instituciones clave, lo que pone en riesgo la esencia de la Constitución.
Tan solo en los tres meses de lo que va en la presente administración Morena y sus aliados (PVEM y PT) han realizado 72 cambios a nuestra Constitución con las mayorías calificadas que lograron con la coptación de instituciones como el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Así, entre las principales reformas aprobadas esta la referente al Poder Judicial que, de entrada, llevará a elecciones populares a las personas juzgadoras, dejando de lado la capacidad, el profesionalismo y poniendo fin a una carrera judicial de años. Por esto no votó la población. Además, con un recorte de poco más del 60% al presupuesto original solicitado por el INE su organización resultará muy complejo.
Quizas lo más grave será que veremos inombrables en cargos claves y casos de nepotismo en puestos de gran trascendencia para la justicia social.
Otras reformas que han sido muy controvertidas está la relativa al traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, la desaparición de siete órganos autónomos que lo único que provocará será la pérdida de contrapesos;menor participación ciudadana por la falta de organismos que la representen; aumento de la corrupción sin la instancia y regulación adecuada para registrar niveles de transparencia y rendición de cuentas; vulneración de derechos, entre otros.
Ni que decir de la terrible reforma que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva que contradice los estándares internacionales del que México es parte en la defensa de los derechos humanos.
Un ejemplo más, la prohibición de los vapeadores; además de absurda, coarta la libertad de decisión de las y los mexicanos. Ocurrencias tras ocurrencias, como si no existieran verdaderas y urgentes demandas de la población por atender.
Así llegamos a fin de año, teniendo como resultado la erosión de nuestra democracia, de nuestos derechos, con la cooptación de instituciones, con la eliminación de la división de poderes y con un riesgo autoritario de concentración de poder, con la amenaza a la independencia judicial, con incertidumbre en el futuro y, si esto sigue así, con el desgaste de la sociedad que puede alcanzar expresiones inimaginables.
Y no conforme con todo lo anterior, se anuncian reformas que vendrán como la que corresponde al sistema electoral que seguramente socavarán aún más a una de nuestras instituciones que ha sido pilar en defender el derecho al sufragio, el INE.
A pesar de este triste panorama, seguiremos desde la oposición defendiendo los intereses ciudadanos, sus libertades y derechos. Mi compromiso es y será velar por una sociedad que tenga las garantías de sus derechos humanos.
Por: Susana Zatarain Garcia
Senadora de la República por el PAN
dhfm