No cabe duda de que la “Operación Atarraya” busca disminuir el nivel de violencia en el estado de México, sin embargo es insuficiente por el hecho de que podrían existir más “giros negros” que escuelas.
Si bien esta acción confirma que los “antros” han fungido y fungen como sitios desde donde planean y operan algunos grupos delictivos a nivel regional y nacional, haber intervenido únicamente 175 de casi 19 mil estimados, equivale a recetar un “mejoralito” para tratar de curar una neumonía.
No obstante lo anterior, todo parece indicar que alguien en la presidencia de la República ya se dio cuenta que deteniendo a servidores públicos municipales vinculados con algún grupo criminal, como pasó con le “Operación Enjambre” y acotando la logística delictiva, como sucedió en la “Operación Atarraya”, pueden ser los primeros pasos rumbo a la solución al problema de la violencia en el país, solo que para hacerlo se tiene que echar mano de la inteligencia, la investigación y en un momento dado del uso de la fuerza, dejando en atrás la estrategia de “abrazos, no balazos”, que no funcionó.
Pero suponiendo sin conceder, qué tal si en este sexenio las autoridades ofrecen mejores resultados en materia de homicidios dolosos, extorsión y delitos totales, no nada más en los delitos de alto impacto que más convengan, ahora a quién van a culpar de haberles heredado un tiradero? Al que se acaba de retirar o al que dejó el cargo en 2012, porque del que concluyó su mandato en 2018 ni quien se acuerde y anda muy tranquilo en España.
Lo difícil va a ser cuando los indicadores de la estrategia de la actual administración sean separados por sexenio y comiencen a compararse con el pasado inmediato, acaso veremos nuevamente las maromas conceptuales para explicar los puntos de inflexión y las tendencias en lugar de los números fríos como por ejemplo que en materia de homicidios, extorsiones o delitos totales una cifra menor es mejor?
Pero volviendo a la “Operación Atarraya”, es deseable que haya partido de un buen diagnóstico y un mejor trabajo de inteligencia, como el que se hacía en sexenios pasados a nivel estatal y federal bajo el nombre de “Operación Rastrillo”, y que los 26 detenidos en 27 municipios mexiquenses, resultado de 175 revisiones en igual número de “giros negros” y “chelerías”, sean realmente piezas importantes dentro del organigrama delictivo y no se trate de parroquianos que para su mala suerte les tocó festejar en viernes 13 en esos lugares de no muy buena reputación.
Cabe recordar que acciones de este tipo ya fueron probadas en Ciudad Juárez, Chihuahua y permitieron reducir el margen de maniobra de los grupos delictivos que en 2010 mantenían asolados a los habitantes de dicha ciudad fronteriza y finalmente contribuyeron para que saliera de la lista de ciudades más violentas del mundo.
Parte del éxito de aquel entonces y entiendo que el modelo fue copiado por la actual administración federal, fue revisar y clausurar muchos de los “giros negros” que por la noche se abarrotaban de connacionales y turistas extranjeros que cruzaban la frontera para aprovechar que del lado mexicano el consumo de alcohol en dichos establecimientos está permitido desde los 18 años y en El Paso, Texas hasta los 21.
Este tipo de factores potenció la apertura de más de 1,000 “giros negros” en el municipio juarense donde paradójicamente solo había 700 escuelas de educación básica, es decir que en algún momento hubo más “antros” que escuelas.
Como dato al calce, un estimado de planteles de educación básica en el Estado de México da cuenta de 13 mil 326 escuelas, entre preescolares, primarias, primarias indígenas y secundarias.
No conozco un censo que nos de una idea de cuántos “giros negros” existan en la entidad mexiquense, pero me temo que son más “antros” que escuelas. De cualquier manera ofrezco mi estimación tomando como base la relación de 10 “giros negros” por cada 7 escuelas de Ciudad Juárez, que arroja un total de 19 mil 037 establecimientos de este tipo.
Si de esos 19 mil “antros” solo fueron revisados 175, esto equivale a menos del 1%; es decir aun cuando la “Operación Atarraya” marca la ruta con cierta lógica y contundencia, falta mucho por hacer para cambiar el statu quo y revertir la balanza a favor de la educación y el estado de derecho.
POR FACUNDO ROSAS R.
EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL
@FACROSAS
MAAZ
