La figura de la disciplina judicial va más allá de la simple imposición de una sanción; conlleva tras de sí, el compromiso de las instituciones de salvaguardar el debido ejercicio de la función pública. Es necesario que estas decisiones no queden sólo ahí, sino que generen el reforzamiento continuo institucional, para corregir y blindar los procesos de vigilancia y auditoría garantizando que ello no se repita.
Nadie puede negar que actualmente la sociedad en su conjunto no reconoce en el Poder Judicial la confianza que se requiere para gozar de la legitimidad que debe tener toda institución pública.
El trabajo institucional conjunto en el gobierno es un gran reto para la disciplina judicial, fiscalías mejores capacitadas y con mayores apoyos técnicos y científicos; leyes claras y precisas, alejadas de formalismos y, un actuar profesional y probo en la aplicación de la justicia, son los elementos que se deben alcanzar a la brevedad posible.
Los juzgados y tribunales, en los distintos niveles encargados de impartir justicia, deben estar provistos de la máxima imparcialidad; sin embargo, ahora se demanda más que nunca, además, un amplio sentido social en sus fallos: contar con una visión integral de la realidad en cada sentencia es imprescindible para que cada resolución goce de la aceptación social y la conformidad de las partes.
El papel que la sociedad está jugando actualmente en todos los órdenes de gobierno, ya alcanzó al Poder Judicial. No basta llevar una simple estadística de asuntos resueltos, es necesario impulsar que las sentencias tengan un estándar de precedentes que sirvan de guía a la sociedad en el comportamiento que se debe de dar en sus interacciones, para evitar -en la medida de lo posible-, abusos en las materias civiles, familiares o laborales.
Por otra parte, también se exige el evitar resoluciones llenas de tecnicismos excesivos y alejadas de la realidad cotidiana que laceran a la sociedad en materias como la administrativa, fiscal o penal.
En suma, se debe pugnar por esta nueva forma de impartir justicia. Es ahí donde la disciplina judicial va a jugar un papel determinante para legitimar la función judicial, sin excesos, en estricto apego a los derechos humanos, pero con el firme compromiso de humanizar la justicia.
Estas ideas son las que deben orientar el sistema de responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas en el Poder Judicial, para alcanzar una legitimidad efectiva y eficaz que logre recuperar la confianza de los ciudadanos en los órganos jurisdiccionales para que la rendición de cuentas no sea un simple acto de entrega de estadísticas judiciales sino que demuestre la protección y progresividad de los derechos humanos de la sociedad mexicana.
POR ENRIQUE SUMUANO
CONTRALOR INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
@ENRIQUESUMUANOC
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