La semana pasada en la Cámara de Diputados aprobamos reformas trascendentales para fortalecer las medidas de protección y prevención para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, las cuales deberán ser observadas por las autoridades responsables de procuración y administración de justicia, de manera relevante, para poner la lupa en la actuación de los funcionarios responsables, establecer protocolos y procedimientos que permitan prevenir y en su caso sancionar el posible ejercicio indebido de funciones y, en su caso, sancionar la falta de ética, profesionalismo y el tráfico de influencias.
Los protocolos deberán contemplar la revisión de la actuación de abogados sin ética o coyotes que usurpan títulos y que tejen redes de corrupción en fiscalías, inclusive en algunas plataformas digitales para favorecer con argucias a sus clientes, generando la impunidad que tanto lastima a las víctimas.
En próximos meses estaremos viviendo la transformación del Poder Judicial de la Federación y de los relativos de las entidades federativas, para garantizar la justicia a las víctimas de los delitos y, como parte de ello, las fiscalías deberán actualizarse y estar a la altura de este cambio de paradigma.
En este contexto, se requiere analizar el uso o mal uso de la grafología utilizada como medio de prueba para defender a vinculados a proceso por violencia familiar, abuso sexual o deudores alimentarios, entre otros delitos de género, como recientemente lo han hecho público diversos colectivos de mujeres y sí, en su caso, este medio de prueba ha sido utilizado para acreditar hechos que pudieran ir más allá de su área de especialización.
Y urgente también revisar la revictimización y el grave daño que se puede generar por la difusión de opiniones, incluso juicios a través de las plataformas digitales que pueden provocar daños irreversibles a las mujeres que atraviesan procesos por diversas formas de violencia.
El análisis y revisión de los medios de prueba debe tener como objetivo el garantizar el derecho a una justicia pronta completa e imparcial, como lo mandata nuestra Carta Magna y, sobre todo, con perspectiva de género.
Desde las Comisiones de Justicia y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados estaré trabajando para garantizar la justicia para todas las personas y, en lo que corresponde, la observancia de la perspectiva de género que estimo debe fortalecerse en los ámbitos de procuración y administración de justicia.
Asimismo, en próximas fechas estaré impulsando la realización de ejercicios de parlamento abierto, a efecto de estructurar un marco jurídico que, con pleno respeto a la libertad de expresión, evite la comunicación sin ética en los llamados canales de contenido y sus plataformas digitales que han sido fuente de múltiples formas de violencia y charlatanería, afectando a miles de personas, principalmente mujeres, niñas y adolescentes.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6o de nuestra Carta Magna, la manifestación de las ideas - vinculada a la libertad de expresión - no será objeto de ninguna inquisición judicial, sino en el caso que ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros.
POR SERGIO MAYER BRETÓN
COLABORADOR
@SERGIO MAYER BRETÓN
EEZ