Buen Gobierno
En el paquete de las 18 reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que envió el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, que entre lo más destacado está la Reforma al Poder Judicial y la extinción a Órganos Constitucionales Autónomos, una de ellas está relacionada con la reforma al artículo 113, que tiene que ver con la existencia del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). El SNA, como es de conocimiento público, se creó jurídicamente en 2015 como respuesta del entonces gobierno de Enrique Peña Nieto al escándalo de la “Casa Blanca”. El SNA es una instancia de coordinación entre las instituciones más próximas al combate a la corrupción (Auditoría Superior de la Federación, Tribunal de Justicia Administrativa, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Consejo de la Judicatura Federal y la Fiscalía Anticorrupción) cuya presidencia recae en un Comité de Participación Ciudadana conformado por cinco ciudadanos.
La reforma al mencionado artículo, en consonancia con los otros artículos sujetos de reforma, sobre todo la del Poder Judicial, hace notar que ya no estaría en el Comité Coordinador (órgano rector del sistema), el INAI ni el Consejo de la Judicatura Federal, y se estaría sustituyendo a ésta última institución por el Tribunal de Disciplina Judicial. Es de llamar la atención, al menos en este primer paquete de reformas constitucionales, que este sistema no haya sido borrado de la esfera pública, sobre la base de que, al gobierno saliente nunca le interesó. Y que, con el paso del tiempo, haya sumado más detractores que seguidores. A diferencia de lo que se expresa en diversos foros internacionales en los que se aborda el tema, que ve con buenos ojos este esquema y como una buena práctica digna de copiarse.
¿Qué es lo que sigue? Por lo visto, el SNA continuará, y teniendo como base una Ley General que lo respalda, también seguirá operando en los estados de la República, vía comités de participación ciudadana, con una lógica institucional similar. A casi 10 años de su existencia, es el momento de dar muestras de todo el trabajo que se ha realizado, como lo es que se cuenta con una Política Nacional Anticorrupción y su Programa de Implementación, las iniciativas para la conformación de padrones de integridad empresarial para mejorar las compras públicas, la Plataforma Digital Nacional, el impulso a la figura de los Alertadores Públicos con canales de denuncias confiables, la profesionalización del servicio público, la generación de inteligencia anticorrupción para corregir fallas en la ejecución de programas sociales, los precedentes para la Clasificación Nacional de Responsabilidades Administrativas del INEGI, el proyecto para un Código de Ética del Gobierno de México, etc. De modo que, en el umbral de un nuevo gobierno, se despierte el interés conjunto por combatir este fenómeno y no vuelva a pasar desapercibido el SNA.
POR RAFAEL MARTÍNEZ PUÓN
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SNA
@RAFMARTINEZPUON
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