El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó las distintas acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la reforma a los poderes judiciales.
Si bien la Corte aún debe pronunciarse sobre las controversias constitucionales y juicios de amparo acumulados contra el decreto, el desenlace es previsiblemente desfavorable: la reforma deberá ser aplicada tal como la aprobaron las mayorías oficialistas.
En la sesión del martes, la diferencia de votos impidió que el máximo tribunal entrara a la discusión de fondo: si es posible o no que las reformas constitucionales puedan invalidarse si violentan derechos o principios fundamentales de la Norma Suprema, o bien, si en su aprobación no se respetó el procedimiento establecido en la propia Constitución. Sin embargo, en el debate sobre la procedencia de las demandas, la mayoría de las y los ministros coincidieron en que sí es posible.
Frente a la incertidumbre sobre la definición de la Corte, el oficialismo ya había reconocido implícitamente que el Tribunal Constitucional podía invalidar reformas constitucionales. En tiempo récord, Morena y sus aliados aprobaron una reforma para prohibir textualmente que los tribunales federales puedan pronunciarse sobre las modificaciones a la Ley Fundamental a través de los medios de control de la regularidad constitucional.
Con todo, la máxima instancia jurisdiccional ha sentado un criterio que servirá de precedente para las autoridades judiciales que conocen de impugnaciones contra la reforma judicial. Los desafíos en la instrumentación de la reforma no son menores.
Se ha evidenciado la inviabilidad presupuestal, técnica y práctica de llevar a las urnas a decenas de miles de nuevas candidaturas. No existe una distribución distrital para los circuitos judiciales como la que existe desde hace décadas para los cargos legislativos y el desarrollo de la jornada electoral con una participación promedio podría tomar varios días.
Pero las implicaciones de la determinación de la Suprema Corte trascienden sus consecuencias más inmediatas. Se abre un nuevo capítulo en la historia del Poder Judicial, lleno de riesgos para la protección de nuestros derechos y libertades.
También está en riesgo el futuro del control de la convencionalidad y la pertenencia misma de México al régimen internacional de protección de los derechos humanos. Hasta el momento, la Constitución contiene disposiciones contradictorias derivadas de la urgencia con la que legisla el bloque oficialista. Están vigentes decenas de suspensiones emitidas por jueces y magistrados contra la implementación de la reforma.
Sin duda, la prioridad más urgente es resolver la crisis constitucional y poner fin al conflicto entre el Poder Judicial de la Federación, la titular del Ejecutivo y sus mayorías legislativas, a través de las instancias legales; pero, sobre todo, mediante la restauración del diálogo político e institucional entre los poderes. La alternativa es profundizar una situación que perjudica a todos los involucrados.
Finalmente, resulta indispensable asegurar la protección nacional e internacional de los derechos fundamentales, así como la coherencia del texto constitucional y su adecuada traducción en la legislación secundaria.
Eso exigirá mucho trabajo en el Congreso de la Unión durante los próximos meses. Sin embargo, aún estamos a tiempo de corregir insuficiencias y fortalecer las normas en beneficio de la ciudadanía y sus derechos.
La Corte ha actuado y por el sistema de mayoría calificada para invalidar, la reforma permanece sin haberse analizado si es o no contraria a principios esenciales de nuestra ley fundamental. Es el resultado de los medios jurídicos intentados. Nos corresponde cumplir con nuestras responsabilidades.
POR CLAUDIA RUIZ MASSIEU
DIPUTADA FEDERAL DE MC
@RUIZMASSIEU
EEZ