Hace unos días se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma a los Artículos 105 y 107 de la Constitución Política mexicana, la cual establece que no procederán las controversias constitucionales ni las acciones de inconstitucionalidad que pretendan impugnar adiciones o reformas a la Carta Magna.
Esta medida eleva a rango constitucional lo dispuesto en el Artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual ya establece que el juicio de amparo no puede ser utilizado contra modificaciones a la Carta Magna.
Se han difundido muchas ideas erróneas sobre esta reforma, sugiriendo que afectará la división de poderes, que eliminará derechos adquiridos y que conducirá a una dictadura; sin embargo, estas afirmaciones son falsas.
Contrario a lo que algunos medios de comunicación han señalado, el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales continúan aplicándose para normas generales que no formen parte de la Constitución Política del país.
Aquellos que se oponen a esta reforma en realidad se resisten a la democratización del Poder Judicial.
La reforma lo que busca es frenar los intentos del Poder Judicial de bloquear la Reforma Judicial, evitando interpretaciones que contravengan el espíritu de la Constitución.
Desde que se presentó esta reforma, algunos jueces, magistrados y ministros han intentado detener su avance por diversos medios, llegando incluso a pedir a la presidencia que retire su publicación en el DOF, amenazando con sanciones como la inhabilitación.
Al hacerlo, parecen poner sus propios intereses por encima de lo que dicta la ley.
Dado este contexto, fue necesario dar rango constitucional a lo establecido en la Ley de Amparo para evitar interpretaciones discrecionales. Y es que, en varias ocasiones, el Poder Judicial ha emitido resoluciones y modificado criterios para frenar la reforma, contraviniendo sus propios señalamientos y estableciendo un peligroso precedente, al intervenir en modificaciones constitucionales cuando éstas afectan sus intereses.
El último episodio de la semana anterior fue la propuesta del ministro en retiro, José Ramón Cossío, quien advirtió que, tras la decisión de la Suprema Corte de discutir el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, que podría invalidar la Reforma Judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum y otros funcionarios podrían ser destituidos si desacatan la sentencia del tribunal sin necesidad de desafuero.
Cossío señaló que los ministros podrían considerar ordenar la destitución y proceso penal contra las autoridades implicadas, en una especie de Tribunal Inquisidor.
Lo único que confirma el ministro en retiro con sus dichos, es que ahora más que nunca, es necesaria la Reforma al Poder Judicial.
POR ARTURO ÁVILA ANAYA
ANALISTA POLÍTICO, EXPERTO EN SEGURIDAD NACIONAL HARVARD
@ARTUROAVILA_MX
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