La desconfianza a los diferentes gobiernos fue uno de los motores de muchas de las reformas que construyeron la democracia mexicana y el fortalecimiento de la República. En 1996, la Secretaría de Gobernación dejó de participar en la organización de las elecciones porque la ciudadanía no confiaba que el mismo gobierno organizara elecciones en las que siempre salía ganador.
Con base en esa desconfianza se creó la Credencial para Votar con Fotografía y se diseñaron procedimientos de vigilancia a cualquier acción gubernamental. Esa misma desconfianza motivó la creación del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), que después se transformó en el INAI y que era el responsable de proteger los datos personales de la ciudadanía.
La desconfianza tenía su base en la experiencia de muchos años de poder centralizado y de un presidencialismo que opacaba la posibilidad de la ciudadanía para ejercer sus derechos libremente. Por eso, la transición generó leyes muy abigarradas, con procedimientos muy complejos que buscaban evitar cualquier abuso de las autoridades y fortalecer la vigilancia partidista y ciudadana. Lamentablemente, esos procedimientos eran muy costosos, pero los resultados fueron evidentes: la ciudadanía empezó a confiar en las elecciones y sus resultados y contó con una institución que le daba acceso a la información pública como nunca había ocurrido antes.
Muchos de quienes hoy están en los equipos de gobierno formaron parte de la desconfianza que motivó la lucha para construir los organismos autónomos que hoy desaparecen, ante la nueva versión de concentración del poder y del monopolio sobre la Constitución y la formación de las leyes. La pregunta hoy es obvia: ¿podemos confiar ahora en que un gobierno que centraliza el poder garantizará el acceso a la información? ¿Tenemos confianza en que los datos personales serán protegidos adecuadamente, para defendernos de cualquier mal uso en la era de la tecnología digital?
La primera versión de la reforma electoral morenista de 2022 le quitaba al INE el control del padrón electoral y le dejaba sólo la conformación del Listado Nominal. ¿Podemos confiar en que una dependencia gubernamental se hiciera cargo de concentrar los datos (incluso biométricos) que hoy confiamos al INE? No valen los argumentos sobre el costo de las instituciones, pues las libertades y los derechos no tienen precio. Además, de una forma u otra, los organismos autónomos han reducido su presupuesto significativamente en los últimos 10 años, incluso a costa de su eficiencia.
La explicación es simple: como en el pasado, el actual modelo de concentración del poder y de neo-presidencialismo, no tolera contrapesos al ejercicio de su autoridad, por lo que no importa ni el diálogo, ni la confianza ciudadana en los procedimientos. Por eso la destrucción del INAI y algo parecido podría pasar próximamente con el INE.
POR ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
PROFESOR INVESTIGADOR, ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y GOBIERNO
TECNOLÓGICO DE MONTERREY
@ARTUROSANCHEZG
MAAZ