En estas últimas semanas ha corrido mucha tinta tratando de explicar el gran valor del trabajo técnico de los Organismos Constitucionalmente Autónomos (OCAs): INAI, CONEVAL, IFT, COFECE, CRE y CNH, además de la Mejoredu (que sin tener autonomía absoluta sí está creado en la Constitución), y con eso revertir la decisión de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de fusionarlos con otras entidades y dependencias de la Administración Pública Federal.
Los propios OCAs han emitido posicionamientos, realizado foros, apelado a la opinión pública, además de hacer reiterados llamados al Congreso de la Unión para reconsiderar la serie de reformas constitucionales que parece que inevitablemente llevarán a su cambio de forma y quizá de funciones.
Todo esto nos hace preguntarnos ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿quién podrá darnos las cifras más recientes sobre la pobreza multidimensional? ¿quién podrá garantizar la transparencia y la protección de datos personales? ¿quién garantizará la mejora continua de la evaluación? ¿quién velará por la libre competencia económica, energética y de comunicaciones para beneficio de todas las y los mexicanos? ¿quién podrá defender todo esto sin comprometer otras labores del Estado mexicano? No puedo estar segura de la respuesta.
Los OCAs no fueron una ocurrencia de las administraciones pasadas, fueron la respuesta de política pública a problemas de públicos que era necesario resolver con recursos técnicos capacitados y especializados, pero sobre todo con independencia y objetividad. Hoy se cuestiona si es necesaria esa independencia en aras de una redistribución de recursos económicos y humanos que no termina de quedar clara.
Desde la posición de Mexicanos Primero de defensa al derecho a aprender, hemos señalado en diversas ocasiones la necesidad de contar con evaluaciones objetivas del sistema educativo nacional, con información que nos dé cuenta de cómo están funcionando de manera global los planes y programas de estudios.
No termina de quedar claro si la Mejoredu, que actualmente se encarga de esos procesos de evaluación integral del sistema, pasará a formar parte de la SEP como un organismo descentralizado, como una unidad, como una dirección general; es decir, qué tamaño tendrá y qué tan independiente será de los procesos de la autoridad educativa. De lo que no queda mucha duda es que la SEP volverá a ser juez y parte en los procesos de evaluación de los aprendizajes de las niñas y los niños en nuestro país.
No queda mucho por hacer ni desde la opinión pública, ni desde los propios OCAs para evitar su desaparición. Solo queda hacer un llamado al Congreso para que en la medida de lo posible se puedan preservar las funciones que actualmente realizan y se puedan aprovechar los recursos humanos especializados que en ellos laboran, para que en 2025 no nos tengamos que preguntar ¿y ahora quién podrá defendernos?
Sin duda los OCAs son necesarios para atender problemas públicos y para fortalecer el entramado institucional de este país. Nos preocupa la incertidumbre que se está generando, el no saber qué quedará de estos organismos, cuáles funciones se van a conservar, cuántos recursos financieros tendrán en el próximo ejercicio fiscal o hacia dónde se redistribuirán esos recursos. Ojalá esto no caiga en oídos sordos y se nos dé mayor claridad respecto a quién nos defenderá.
POR MARÍA TERESA GUTIÉRREZ
Directora de Monitoreo de Indicadores Educativos en Mexicanos Primero
MAAZ